Urtubey sigue clamando en el desierto y asegurando, al borde de la desesperación, que «sufrió un atentado» poco después de denunciar «la sociedad entre Milei y Sáenz».
Aunque es de todos conocido que la experiencia de Urtubey como abogado es mínima, puesto que se ha dedicado más a ejercer la profesión política que la de letrado, su afirmación de que «nunca vio una cosa igual» es perfectamente creíble.
En realidad, Urtubey ha visto cosas mucho peores, y en muchos casos las ha protagonizado activamente, sea como denunciado, sea como supuesto «arreglador» de causas penales.
En la memoria de todos está el archivo, por parte de los fiscales penales (los mismos que Urtubey hoy cuestiona), de la denuncia formulada por el entonces diputado provincial Héctor Martín Chibán por el uso ilegal y abusivo de las aeronaves del Estado salteño en la frustrada campaña electoral de Urtubey en 2019.
Ni qué decir tiene que fue Urtubey el primero en aplaudir con entusiasmo el archivo de la investigación judicial por las muertes de las jóvenes Yanina Nuesch y Luján Peñalva, cuyos cuerpos fueron hallados en un descampado cercano al río Ancho en julio de 2012. En aquella ocasión —cabe recordar— aun antes de que hubiera certezas judiciales sobre la causa de las muertes, Urtubey anunció ante la prensa que se trató de un suicidio y dio por cerrado el caso.
El nivel de impunidad seguramente no fue «alarmante» cuando Urtubey avaló íntegramente la actuación de sus funcionarios Pablo Kosiner y Aldo Rogelio Saravia en la investigación del doble homicidio —precedido de torturas y violación— de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
En aquella ocasión, Urtubey ascendió y condecoró a los policías que posteriormente se comprobó que habían torturado a los detenidos para arrancarles la confesión y que plantaron pruebas para desviar la investigación. El círculo se cierra con la «promoción interna» del juez instructor del caso, Martín Fernando Pérez, que al poco tiempo pasó a integrar el Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta.
Lo curioso es que Urtubey no acusa de impunidad a los fiscales sino al gobierno de Sáenz, al que responsabiliza veladamente de la rotura del vidrio de su camioneta y de haber «ordenado» el archivo de su denuncia.
Mientras, en la intimidad, Urtubey reza para que los fiscales de París archiven la denuncia de Jean-Michel Bouvier, que amenaza con sentarlo en el banquillo de los acusados ante un tribunal extranjero.
Algo debe de saber Urtubey sobre cómo se manipulan las decisiones judiciales desde los despachos gubernamentales, porque de otro modo no podría haber lanzado semejante acusación, ni aun estando al borde de un ataque de nervios.
