Se encuentra al frente de la investigación la Fiscal Penal interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, señora Ana Inés Salinas Odorisio, quien ha mandado a registrar dos domicilios: uno en el barrio Juan Manuel de Rosas y el otro en el barrio San Isidro.
Añaden los fiscales que la revisión de los sistemas informáticos reveló, además, que en una carpeta digital asociada al policía descubierto fuera de su área figuraban confeccionados certificados, una tarea ajena a sus funciones habituales y a las competencias de su cargo.
Los policías «buenos» fueron a entrevistar a las personas que figuraban como titulares de los certificados observados, constatando que los certificados de dos docentes contenían troqueles reportados como desaparecidos. Las maestras manifestaron que un hombre vestido de civil les había ofrecido gestionar el trámite y que incluso acudió a la escuela en donde trabajan con el formulario y una almohadilla para la toma de huellas dactilares. Por esa gestión, transfirieron 32.000 pesos a un alias bancario.
Los investigadores identificaron a ese hombre como un agente de la Policía y establecieron que el alias informado correspondía a la cuenta del otro agente, también de dactiloscopia. Justamente, los especialistas en huellas no se preocuparon mucho por borrar las suyas.
También se identificaron diversas líneas telefónicas utilizadas por los dos sospechosos. Se determinó además, que uno de ellos operaba distintas líneas mediante un mismo equipo telefónico.
El entrecruzamiento de la información permitió establecer que los investigados se comunicaron frecuentemente en fechas consideradas relevantes para la causa.
Por otra parte, el análisis de movimientos bancarios permitió reconstruir transferencias de dinero que coinciden temporalmente con los hechos denunciados. El 5 de mayo, por ejemplo, uno de los sospechosos recibió transferencias de dos personas por un total de 64.000 pesos, el mismo día en que se habrían confeccionado y entregado los certificados apócrifos. Asimismo, se detectaron operaciones cruzadas entre las cuentas de los investigados, consistentes en transferencias recíprocas realizadas entre febrero y mayo de 2026.
Del análisis informático surgió además, que el primero de los agentes descubiertos entró sin autorización a la oficina de certificados y modificó un archivo digital compartido para incorporar los datos de dos personas en formularios oficiales. Para otorgar apariencia de autenticidad a la documentación, también se habrían utilizado troqueles de seguridad y sellos institucionales que habían sido sustraídos de la dependencia.
En cuanto al segundo agente, habría empleado sus vínculos con una institución educativa para ofrecer la obtención de certificados de antecedentes penales por fuera de los canales oficiales, eludiendo deliberadamente el sistema informático de turnos web y las normativas arancelarias de la institución.
Teniendo en cuenta la información reunida, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el registro de los domicilios de los sospechosos y la intervención de documentación y teléfonos celulares. La medida fue autorizada por el Juez de Garantías de la ciudad de Salta, señor Diego Nicolás Rodríguez Pipino.
