Da la impresión de que el gobierno provincial de Salta se rige actualmente por dos planes superpuestos: uno, el denominado «Por más federalismo y unidad de los salteños», que gestiona directamente el gobernador Gustavo Sáenz, y el otro, no necesariamente complementario al anterior sino más bien alternativo, denominado «Plan de Seguridad y Justicia», formulado y ejecutado por el ministro Abel Cornejo.
Si hace algunas semanas atrás era Sáenz el que se sentaba a la mesa con la CGT de Salta, hoy le ha tocado el turno a Cornejo, que -por lo que se ve- no ha conseguido llamar a los timbres adecuados en el mundo sindical y solo ha conseguido sentar a su alrededor a un grupo de sindicalistas nucleados en la llamada «pata sindical» del peronismo (las 62 Organizaciones).
¿Qué tienen que ver los sindicatos con la seguridad ciudadana? ¿Qué «trabajo conjunto» pueden hacer los sindicatos y la Policía? ¿Qué compromiso pueden asumir los sindicatos, de cualquier sector de actividad económica que sea, relacionado con un plan de seguridad pública? ¿Serán acaso los sindicatos peronistas los camicie nere de Abel Cornejo?
Si es razonable (hasta cierto punto) que los sindicatos se informen del contenido de los planes del gobierno en cualquier materia, no es razonable en absoluto que los sindicatos se «sumen» (como han dicho ellos mismos) a la aplicación de un plan de seguridad en toda la Provincia, porque con ello no defienden en lo más mínimo los intereses de sus afiliados o de los trabajadores en general, y se internan en el resbaladizo y peligroso terreno del colaboracionismo con la Policía y las demás fuerzas de seguridad. Este pacto es corporativismo puro y duro; es decir, la negación misma de la democracia.
Cuando los sindicatos se comprometen con el gobierno en materias que ni por casualidad son «sindicales», y lo hacen no para favorecer a los trabajadores sino para favorecer al gobierno, la que sufre de manera directa es la libertad sindical. Los sindicatos que se rebajan hasta este extremo se convierten en sospechosos de connivencia con la patronal para sus propios afiliados.
El ministro Cornejo dice que su plan de seguridad y justicia «promueve el consenso y el diálogo ciudadano», pero, si esto llegase a ser verdad, debería aplicarse el cuento y dedicarse a buscar el consenso y practicar el diálogo con los ciudadanos y con las organizaciones que los representan; es decir, con los ciudadanos en tanto ciudadanos, y no en su faz de productores. Tampoco es razonable que estos consensos abarquen a las organizaciones reconocidas legalmente para defender los intereses de los trabajadores frente a los empleadores; especialmente, frente a los más grandes como el Estado provincial.
La «experiencia e histórica militancia social y sindical» puede ser útil en algún caso para formular y desarrollar planes sociales o económicos, pero jamás para planes de seguridad o de justicia, sino a riesgo de convertir a los sindicatos en poleas de transmisión de las obsesiones personales por el poder represivo y por su concentración en unas pocas manos. Los sindicatos libres y democráticos no deben prestarse a este juego político, que no persigue otro fin que neutralizar la eficacia de la acción sindical.
Los trabajadores quieren que sus dirigentes sindicales se comprometan con ellos, con sus intereses, con su bienestar y su futuro, ejerciendo de contrapeso a los abusos patronales, en foros abiertos, transparentes y participativos. No quieren verlos convertidos en «vigilantes», como propone esta insólita alianza contra natura entre Abel Cornejo y las 62 Organizaciones Peronistas.
