Pienso que, por diferentes razones, Thatcher fue una de las primeras ministras más influyentes del siglo XX, si no de toda la historia británica. Los efectos de su transformación del mercado inmobiliario, la restauración del orgullo nacional (a costa de la miopía suicida de los militares argentinos) y la desregulación financiera aún se perciben en la sociedad británica actual.
Sostendré a lo largo de este breve artículo que la extensa y profunda reforma laboral que Milei ha sometido a la deliberación del Congreso Nacional, muy poco tiene que ver con la política de Thatcher en relación con los sindicatos británicos y que se inscribe en una línea de reaccionarismo antiobrero que apunta a blindar los poderes de dirección del empresario en las relaciones individuales de trabajo, antes que debilitar políticamente a unos sindicatos, cuya influencia en el mercado de trabajo nacional es muchísimo menos intensa que la de los sindicatos británicos contra los que Thatcher luchó hace 45 años, con resultados más que dudosos.
Conviene comenzar recordando que, antes de la primera victoria electoral de Thatcher en mayo de 1979, el gobierno conservador, liderado por Edward Heath, así como el gobierno laborista, liderado por James Callaghan, sufrieron con inusitada intensidad el inmenso poder de los sindicatos en Gran Bretaña, que con su acción concertada contribuyeron a su caída.
Nada de esto sucedió en la Argentina, aunque la CGT lo intentó repetidamente con el presidente Raúl Alfonsín y, en menor medida, con el presidente Carlos Menem. Ambos, sin embargo, por motivos parecidos pero no idénticos, ambos mandatarios terminaron cediendo posiciones para terminar contribuyendo a solidificar, aun más si cabe, el intenso poder sindical en el terreno político, que en la Argentina siempre ha proyectado consecuencias económicas nefastas (baja productividad, escasa competitividad internacional, desinversión, etc.).
En agosto de 1971, el primer ministro Edward Heath aprobó la Industrial Relations Act, cuyo objetivo era el de reducir la influencia legal de los sindicatos británicos al equilibrar los derechos de los trabajadores con los de los sindicatos, reduciendo así la probabilidad de huelgas. La Industrial Relations Act creó en aquel entonces dos nuevos órganos: la National Industrial Relations Court (NIRC) y la Industrial Relations Commission (IRC). La primera se estableció el 1 de diciembre de 1971 y tenía la autoridad para resolver conflictos laborales. También introdujo el concepto de «prácticas laborales desleales», que podía dar lugar a acciones legales contra empleadores y sindicatos.
Los sindicatos debían registrarse en ambos órganos rectores. Quienes lo hicieran obtendrían diversos beneficios, como mejores derechos de reconocimiento por parte de los empleadores y mayor protección contra el despido improcedente. Por otro lado, los sindicatos que no se registraran serían responsables por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la acción sindical.
Lo que finalmente derribó la Industrial Relations Act fue una reacción masiva de incumplimiento por parte de los sujetos obligados. El Trade Unions Congress (equivalente a nuestra CGT) y la mayoría de los principales sindicatos se negaron a registrarse en el NIRC. Se produjeron entonces numerosos enfrentamientos de alto perfil entre el gobierno y los sindicalistas que protestaban, entre los que destaca el encarcelamiento de los «Pentonville Five».
En julio de 1972, cinco delegados sindicales del Este de Londres fueron arrestados por desobedecer una orden judicial que les impedía montar piquetes (protestas frente a un depósito de contenedores). El arresto de los «Pentonville Five» desató tal indignación, que una serie de huelgas sucesivas convirtió a Gran Bretaña en un territorio paralizado por las protestas sindicales. Ante la creciente presión, Heath dio un giro de 180 grados y derogó la ley, lo que marcó la primera capitulación significativa del gobierno ante los sindicatos.
El segundo acontecimiento importante relacionado con los sindicatos ocurrió en el invierno de 1978-1979, recordado como el «Winter of Discontent». Ya bajo el gobierno laborista de Callaghan, el malestar laboral y las huelgas públicas se descontrolaron significativamente. Una combinación de inflación agobiante y demandas de aumentos salariales dejó al gobierno sin los medios ni la voluntad de enfrentarse a los sindicatos.
En Liverpool, la imagen de montones de basura en descomposición acumulándose en los famosos St. John’s Gardens, junto al St. George's Hall, fue un símbolo del «Winter of Discontent». Trafalgar Square, en el corazón de Londres, se convirtió de repente en un epicentro de protestas y concentraciones multitudinarias de trabajadores públicos frustrados. La crisis del «Winter of Discontent» provocó un desplome de la confianza en el gobierno de Callaghan y sentó las bases para el ascenso de Thatcher al poder y su consiguiente batalla contra los sindicatos.
Cuando Thatcher asumió el mando en la batalla entre el gobierno y los sindicatos en 1979, aprendió sin dudas de los fracasos de sus predecesores y adoptó un enfoque estratégico y progresivo. La primera medida de Thatcher contra el dominio sindical fue la Employment Act de 1980: no tan radical como la Industrial Relations Act de Heath, pero más agresiva que la postura de Callaghan. La ley de Thatcher prohibió los piquetes secundarios y exigió el voto secreto en las elecciones sindicales. También amplió los derechos de los empleados que se negaban a afiliarse a los sindicatos. La promoción de los derechos individuales dominó la era Thatcher (la libertad sí que avanzó allí), lo que se reflejó en la Employment Act de 1980, cuya aplicación propició en cierto modo un alejamiento parcial y temporario de la negociación colectiva y la huelga.
Mientras el gobierno de Thatcher se preparaba para una confrontación con los sindicatos, reforzó su posición mediante el nombramiento estratégico de ministros de línea dura como Norman Tebbit e Ian MacGregor. Además, anticipándose a una huelga minera, el gobierno comenzó a acumular carbón.
La Great Miner’s Strike de 1984 a 1985 se convirtió en el combate decisivo entre el gobierno y los sindicatos. El gobierno de Thatcher se enfrentó a Arthur Scargill, presidente del National Unions of Mineworkers. Encarnizados choques entre mineros y policías marcaron la huelga y simbolizaron la lucha entre los sindicatos y el gobierno conservador de Thatcher. A pesar del apoyo masivo y un año de estancamiento, la huelga terminó sin lograr sus objetivos y el gobierno apenas sufrió un desgaste menor.
El 18 de junio de 1984 se produjo lo que se conoce como la batalla de Orgreave, en el Sur de Yorkshire. Este enfrentamiento, que incluyó cargas policiales a caballo y piquetes mineros, fue uno de los momentos más controvertidos e icónicos de la huelga, pues de algún modo simbolizó el intenso odio entre los trabajadores en huelga y el Estado. Orgreave reveló la disposición de Thatcher a enfrentarse frontalmente al sindicato y movilizar a la policía para combatirlos.
En la Argentina
Con todo respeto, diré que nada de esto —ni siquiera parecido— ha sucedido en la Argentina, en donde el gobierno del presidente Milei ha propuesto una reforma laboral que decididamente no puede calificarse de antisindical, y que podría pasar por antiobrera, de no ser por el pequeño detalle de que muchas de sus regulaciones nos están diciendo a los gritos que, en realidad, estamos ante una prolija y meditada reforma pro empresaria.Los sindicatos argentinos (tal y como los conocemos desde 1968 en adelante) son lo menos parecido que hay en el mundo a los sindicatos británicos de la década de los 70. Milei está muy lejos de ser Margaret Thatcher y, desde luego, Sturzenegger, por mucho que se esfuerce, no es el barón Tebbit.
El legado de Margaret Thatcher en la gestión de los sindicatos está marcado por un cambio decisivo en el equilibrio de poder entre los sindicatos, los empleadores y el gobierno, algo con lo que el gobierno de Milei sueña, pero que no va a poder conseguir, sobre todo si su reforma, como parece, apunta a inclinar la balanza del lado de los empresarios, sustituyendo el principio in dubio pro operario por el de in dubio pro empresario.
El «mundo ideal» sin sindicatos, no existe, ni en 1980 ni ahora. Ni la tecnología, ni la automatización, ni la Inteligencia Artificial, ni las nuevas formas de prestación del trabajo van a hacer innecesaria o desaconsejable la existencia de sindicatos. Son el capitalismo y la propiedad de los medios de producción, no la forma en que se produce, los que mantienen viva la llama sindical. Si en 250 años de sindicalismo, con tres revoluciones tecnológicas consumadas y una cuarta en ciernes, la pinza entre el capital y el Estado no ha podido acabar con los sindicatos, es muy poco probable que lo pueda hacer ahora.
La agresiva política de desindicalización de Margaret Thatcher, con sus luces, sus sombras y —especialmente— sus modestos resultados, constituyen una muy valiosa enseñanza para moderar cualquier entusiasmo en materia de reformas laborales.
