Por este motivo, no justifico de ningún modo que el gobierno de Salta vaya a pagar una cantidad de dinero público (dinero que proviene del esfuerzo tributario de todos los salteños y salteñas, sin distinción de nivel educativo o de preferencias académicas) a subvencionar los «gastos de residencia» de los estudiantes que se desplacen de Salta a Buenos Aires para cursar determinadas carreras en la Universidad Torcuato di Tella.
En tal caso, la UTDT ganará más dinero, en desmedro del resto de las universidades, para cuyos alumnos salteños no hay ayudas de esta naturaleza. En consecuencia, el dinero de los salteños no se destinará a ayudar a estudiantes desplazados sino que subvencionará el negocio de la UTDT.
El segundo detalle es que el gobierno de Salta, por sí solo, ha determinado qué carreras de la UTDT merecen ser subvencionadas. El convenio habla de carreras «estratégicas», pero su enumeración parece dejar pocas dudas acerca de que su libérrima definición coincide con los deseos personales del ministro Roberto Dib Ashur, que considera «estratégico» todo lo que se mueva alrededor de la economía y la producción, y «nada estratégicos», en cambio, a los estudios de humanidades o ciencias naturales.
Cuando este asunto empiece a tomar forma, cientos —si no miles— de universitarios salteños esparcidos por la geografía nacional inundarán los juzgados con procesos de acción de amparo, porque esta decisión del gobierno supone una clara ruptura de la igualdad entre iguales. O todos los estudiantes desplazados tienen ayudas (cualquiera sea la carrera o el lugar en que se imparte) o no las tiene nadie.
Si yo gobernara, dejaría que los salteños que emigran y sus familias —como han hecho siempre, por otra parte— afronten sus gastos universitarios y destinaría esos 100 millones de pesos a subvencionar el transporte nocturno de pasajeros en Salta. Porque parece una contradicción gestionar la crisis financiera de Saeta y, al mismo tiempo, solucionar problemas de «residencia» a unos estudiantes que, con mayor o menor sacrificio, han decidido formarse en otras latitudes, sabiendo que ello demanda un esfuerzo económico de sus familias.
No entiendo por qué —salvo por supuestos los delirios del ministro Dib Ashur— Salta deba gastar dinero en formar a una elite. Por supuesto que no es una mala idea, salvo por el pequeño detalle que la promoción de las elites automáticamente ensanchará la brecha social y aumentará la igualdad entre salteños y salteños, cuyo combate frontal debería ser el objetivo primordial del gobierno, y de la sociedad.
