Muchos fiscales piden a los jueces prisiones preventivas para pequeños ladrones de gallinas, con la simple alegación del «riesgo de fuga», cuando paradójicamente este riesgo se multiplica por cien cuando el reo está encerrado y se reduce cuando afronta su proceso en libertad.
Al letrado señor Pedroza se le imputan unos cuarenta delitos de estafa. Si fuese cierto que el susodicho pedía «a cada familia» unos 8 millones de pesos, el montante potencial de sus fechorías podría alcanzar la nada desdeñable suma de 320.000.000 de pesos. Es decir, unas cuantas (muchas) gallinas.
Sin embargo, el siempre ecuánime fiscal Ramiro Ramos Ossorio ha accedido a que Pedroza, en vez de pisar la Alcaidía General (como preso y no como defensor de presos), permanezca arrestado en su domicilio, bajo vigilancia policial, hasta que le puedan poner una tobillera, de esas que tienen una chicharra ensordecedora.
Mientras tanto, Pedroza no se podrá comunicar con la prensa (ningún sentido tiene esta restricción) y tampoco podrá postear en las redes sociales (¿por qué Cristina sí?). Solo faltó que el Juez de Garantías le prohibiera recibir en su casa al tatuador, porque muchas veces son necesarios algunos retoques y porque, desde que es investigado, es posible que, en la mejilla que le queda libre, se tatúe un par de esposas como señal de protesta.
Sabemos que para que proceda el arresto domiciliario, el juez tiene que comprobar que el domicilio propuesto sea «adecuado». Tal vez, la residencia del letrado sea cómoda y confortable, o tal vez lo no sea. Lo que parece claro es que no se encuentra edificada sobre un terreno inundable.
Si la idea es la de que el investigado no pise la cárcel (algo que hasta cierto punto parece razonable), teniendo en cuenta lo que en términos procesales se conoce como la «repercusión social del delito», sería más adecuado que el letrado, en vez de arrellanarse en el sofá, envuelto en una frazadita, para ver los partidos del Mundial, con un «six pack» y una bolsa de Doritos, sea atado a un palo de uno de los terrenos inundables del dominio público ribereño que intentaba vender a los incautos, solo para que experimente en carne propia la sensación de vivir en un lugar inhabitable y también ajeno.
Es lo que se conoce como «la ley del talión», en su versión cautelar.
