La comunicación oficial del MPFS habla de que la modificación al alza de la medida cautelar ha sido necesaria a causa de los «reiterados incumplimientos» de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo, en proximidades de la localidad de Dragones, ubicada en Departamento de San Martín.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la nueva cantidad representa el valor actualizado de los costes de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y estudios llevados a cabo entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo.
Desde el Juzgado se consideraron acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.
En consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación de la medida cautelar ambiental sobre los inmuebles involucrados y se dispuso notificar a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia para que proceda a su anotación.
