La madre ya había secuestrado a sus dos hijos con anterioridad y, a causa de ello, fue condenada a seis años de prisión por un delito de sustracción de menores, aunque su pena fue primero rebajada y luego fue indultada parcialmente por el gobierno.
Privada de la patria potestad y, por consiguiente, de un régimen de visitas, una vez en libertad, la madre consiguió que el niño de 11 años pudiera hacer un «viaje extraordinario» de Cerdeña a Granada para las Navidades de 2024.
¿Qué hizo la madre? Se lo volvió a robar al padre; esta vez con la complicidad de su hijo mayor. El secuestro duró siete meses: desde diciembre de 2024 a julio de 2025.
Pero la secuestradora internacional no solo tuvo la ayuda de sus más cercanos y de sus asesoras feministas, sino que contó con el apoyo de un importante sector de la prensa española, ¡y del Gobierno!, que hasta el último momento intentó impedir la restitución que había ordenado el tribunal italiano y aceptado –varias veces– la justicia española.
La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno socialista español, Sira Rego, se puso decididamente del lado de la madre –aun después de su condena penal– y en contra de los informes periciales (que en dos países dijeron que el niño objeto de la disputa estaba siendo sometido a una intensa manipulación psicológica por parte de su madre, con la intención de que repudiara al padre), la ministra insistió en darle la razón a la madre española.
Los hermanitos franceses en Salta
El caso, en general, y especialmente su desenlace, me hizo acordar al calvario que vivió en el invierno de 2011 un padre francés en Salta, cuyos dos hijos menores fueron secuestrados en 2010 por su antigua esposa y por la circunstancial pareja de esta, otro francés con negocios transitorios en Salta.La prensa salteña –especialmente el diario más antiguo de la comarca– desató una feroz campaña de acoso y desprestigio en contra del padre (que aún permanecía en Francia). Lo acusaron de las peores cosas, sin ningún tipo de prueba ni fundamentos, más que las temerarias afirmaciones de la secuestradora y las manipulaciones de su pareja.
Para entonces, el padre francés (al igual que el italiano en el reciente caso Rivas) tenía en exclusiva los derechos de custodia de los niños, que hoy son mayores de edad, se han independizado y han vivido, desde agosto de 2011, bajo la guía moral exclusiva de su padre.
Sin embargo, nada fue fácil para el padre francés en Salta. No solo la prensa estaba en contra de sus legítimos derechos: también lo estaba el gobierno (con Urtubey a la cabeza y sus ministras María Inés Diez y María Silvia Pace, que prestaron oídos y auxilio a la secuestradora internacional). Y, por si algo faltaba, la justicia federal de Salta le había dado la espalda.
Era el primero de los desaires que Urtubey iba a dedicar a los franceses. El segundo –como de todos es sabido– ocurrió a finales de julio de aquel fatídico año, cuando Cassandre Bouvier y Houria Moumni, francesas, fueron halladas muertas, violadas, torturadas y acribilladas a balazos en un lugar inaccesible de la Quebrada de San Lorenzo.
Urtubey entregó a Cristina Kirchner (para que se lo llevara a Nicolas Sarkozy) un informe sesgado e inexacto sobre la culpabilidad de los tres encausados por el crimen (hoy solo está condenado uno) y ascendió y condecoró a los policías que –un poco más tarde se comprobaría– habían desviado la investigación, torturado a los presos y plantado pruebas.
A partir de aquel momento, otro padre francés tomó el relevo en la escena mediática salteña. El otro –el de los niños robados– fue un ejemplo de discreción y lo sigue siendo. Nunca más volvió a revolver el pasado contra la sociedad que pretendió no solo humillarlo y difamarlo sino –lo que es peor– que intentó privarlo definitivamente de sus hijos.
En la jerga de las sustracciones internacionales de menores se llama «jurisdicción de refugio» a los tribunales del país en el que los menores son retenidos. El secuestrador o la secuestradora utilizan a esta jurisdicción para alcanzar sus fines, intentando que las resoluciones de los tribunales del país en donde los niños tienen su centro de vida sean ignoradas. La secuestradora francesa encontró en Salta no solo una jurisdicción de refugio sino también un «sociedad de refugio», que creyó en sus fantasías hasta que el velo de mentiras se deshizo.
En el caso de Salta, tuvo que ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que pusiera las cosas en su lugar y resolviera el asunto a favor del padre francés desposeído. En el caso de España, la restitución de la legalidad conculcada se ha producido gracias a la firme convicción de los jueces y juezas de Granada.
Da la casualidad que en los dos casos el secuestro fue llevado a cabo por las madres. Pero hay otros tantos casos de sustracción internacional en los que el crimen es perpetrado por el padre. Esta no es una cuestión de géneros.
Pero en casi todos los casos, las autoridades llamadas a resolver asuntos tan complicados y desagradables como estos, suelen confundir «interés superior del niño» con «los deseos del menor». No siempre lo que el menor desea y expresa ante el juez o los psicólogos es lo mejor para él. Muchas veces los niños –aun aquellos con capacidad de raciocinio suficiente– no se dan cuenta de que están siendo instrumento de alguno de sus progenitores (o de los dos) para ajustar cuentas entre ellos. Cuando no hay acuerdo sobre cuál sea la mejor forma de tutelar aquel interés superior, aun en contra de los deseos del menor, el juez debe resolver.
Cuando faltan tres días para que se cumplan 14 años del tristísimo hallazgo de los cadáveres de las turistas francesas en Salta, que este recuerdo sirva para poner de manifiesto la necesidad de vivir en una sociedad con ley. Sin ella, o con una actitud de desprecio a la legalidad como la que en estos días se observa en Salta (o con políticos que quieren volver a ocupar cargos después de haber hecho un daño inconmensurable), ocurren cosas muy graves como el secuestro de niños o el asesinato de mujeres jóvenes.
