Propósitos económicos y despropósitos políticos

Volvió Brasil

Desde lejos, otro que tuvo gran presencia mediática fue el venezolano Nicolás Maduro, que faltó a la cita, según él porque “una conspiración de ultraderecha” estaba dispuesta a realizar actos contra él (que su gobierno prefirió no especificar). La oposición argentina –en primer lugar, Patricia Bullrich- se adjudicó el lauro de haber amedrentado a Maduro con sus denuncias y pedidos de detención a Interpol y a la DEA. La oposición repudió por adelantado la presencia del venezolano, la del también ausente nicaragüense Daniel Ortega y la del presidente cubano Miguel Díaz Canel (que sí vino y no fue hostigado).

Organizaciones como la CELAC no pueden “tener un carácter de club de amigos ideológicos”. La inteligente frase que lanzó en el marco del foro el mandatario uruguayo Luis Lacalle estuvo dirigida a censurar a los sectores que se autoperciben progresistas por su tolerancia hacia sedicentes gobiernos de izquierda de inconfundibles rasgos autoritarios. Ahora bien, la reflexión bien puede aplicarse igualmente a actitudes simétricas de origen opuesto. Un foro de estados (o una organización regional o mundial, sea la CELAC o la ONU, por caso) “no es un club de amigos ideológicos”, sino un ámbito en el que se dan por sentadas las diferencias y se trabaja para contener los conflictos, encontrar campos de convergencia y aprender a coexistir. Lo mismo ocurre con el comercio: el propio presidente Lacalle está urgido por abrir el comercio uruguayo con países sobre los que, en ese marco y con esos fines, no considera relevante tener coincidencias ideológicas ni juzgar su organización institucional.

Con el marco de la reunión de CELAC, Brasil y Argentina pusieron en marcha procesos muy prometedores. La ambiciosa iniciativa de trabajar por una moneda común -con la espectacularidad que tal anuncio supone- alcanzó un eco desmedido, que llegó hasta el Financial Times. Hasta se bautizó a la criatura: la nueva moneda se llamaría Sur. Tanto Sergio Massa como su colega brasilero, Fernando Haddad, tuvieron que aplicar paños fríos para sofrenar expectativas. No se está pensando en una “moneda única” y tampoco en una moneda física, sino en un mecanismo de compensación financiera , cuya implementación es compleja y requiere tiempo y trabajo. Hay, eso sí, voluntad de avanzar.

En cierto sentido, puede decirse que, tanto en Brasil como en Argentina, el objetivo tiene un fondo de acuerdo. Bajo las presidencias de Mauricio Macri y de Jair Bolsonaro hubo ya conversaciones y los ministros de entonces, Nicolás Dujovne y Paulo Guedes hicieron público ese “deseo compartido”, que se apoyaba en que –como explicaron entonces- los dos socios del Mercosur están expuestos a los mismos shocks externos, dependen mucho de exportaciones de commodities y sus monedas se mueven afectadas por los eventos internacionales. En aquel momento el proyecto se paralizó por la resistencia del Banco Central de Brasil.

El Banco de Desarrollo de Brasil financiará una parte sustancial de los insumos que requiere el segundo tramo del gasoducto Kirchner (de Saliqueló a San Jerónimo, Santa Fe), confirmaron Massa y Haddad que, más allá del objetivo estrella de la moneda común, acordaron un mecanismo de financiamiento del comercio bilateral con créditos para importar desde Brasil, algo que para el país vecino significará un estímulo para sus exportaciones a la Argentina y para Argentina, un alivio a la presión de divisas sobre el Banco Central.

Como explicó el ministro brasilero, su país ve en Argentina un socio debilitado por la falta de divisas, y esa debilidad recorta importaciones de Brasil, en particular de bienes manufacturados. El comercio entre ambos países, que se viene reanimando, seguirá creciendo. En el año 2022 alcanzó algo más de 28.000 millones y fue más de un 20 por ciento más alto que el mismo período de 2021. Tiene todavía mucho espacio para incrementarse: a mediados de la década anterior llegó a ser de 40.000 millones. La “vuelta” de Brasil, que Lula celebró en Buenos Aires, fortalece a la Argentina y abre una nueva oportunidad para el Mercosur.

Pero, claro, es imprescindible evitar los disparates.

A propósito, el último jueves se puso en marcha en el Congreso el procedimiento que intenta someter a los miembros de la Corte Suprema a juicio político. Se trata de una meta incumplible y el oficialismo lo sabe: no cuenta en el plenario de la Cámara de Diputados con el número de votos que se requieren para aprobarlo, pero por ahora sí tiene mayoría suficiente en la Comisión de Juicio Político, que es la primera estación del procedimiento. ¿Por qué subrayar el “por ahora”? Porque esa mayoría es sumamente ajustada: bastaría que un miembro de esa Comisión invierta su voto para que el mecanismo quede desmantelado. Y dos integrantes de esa mayoría actual son miembros del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. El ministro de Economía guarda sugestivo silencio sobre el juicio a la Corte; es evidente que el procedimiento –un embate sobre la cúpula de la Justicia- contamina la atmósfera que él necesita para negociar mejor con inversores potenciales, con organismos internacionales y con otros estados. Justo en un momento en que sufre golpes en el flanco del dólar.

Perder el juicio

Sobre Massa confluyen las presiones del sector más intemperante del kirchnerismo, que le reclama un pronunciamiento personal en favor del enjuiciamiento de los supremos magistrados, y también las de sectores del empresariado local y de algunos de sus contactos foráneos, que, por el contrario, le aconsejan que actúe rápidamente para que sus diputados fieles faciliten la interrupción de ese proceso, que enturbia las procelosas aguas de la economía. Cualquiera de esas opciones tiene un costo.

La jugada del cristinismo acérrimo, entretanto, no repara en gastos para conseguir alguno de los réditos que busca. El viernes se conoció en Ginebra el informe oficial con las recomendaciones a la Argentina realizadas por los estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el informe que presentó el enviado argentino, Horacio Pietragalla, con el que el gobierno llevó a un escenario global su pelea con la Corte y las elucubraciones sobre el llamado “lawfare”. Ya se conocía la respuesta de la representación alemana. La delegada de Berlín en el organismo, Ann-Jasmin Krabatsch, dejó asentado que “Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia… y en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones”.

La diplomática recomendó asimismo en nombre de su país que Argentina “trabaje activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”. Una opinión fuerte de un socio fuerte de la comunidad internacional, cuyos reclamos fueron acompañados por otros países, como Suecia y Chile.

Antes de eso, la administración estadounidense había transmitido que sigue atentamente “la situación institucional entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes”.

Estos hechos no desalientan –por el contrario, espolean- al cristinismo más fervoroso, pero inducen a la reflexión a los sectores más sensatos del oficialismo, desde gobernadores hasta dirigentes sindicales. Y sin duda son registrados con preocupación en el Palacio de Hacienda.

Irónicamente, la lógica enjuiciadora que emana de la vicepresidencia ha encontrado un eco inopinado en la oposición. La Coalición Cívica de Elisa Carrió ha decidido desviarse del rechazo al juicio político que enarbola la coalición Juntos por el Cambio en un caso específico: sostendrán el juicio político a un 25 por ciento de la Corte, en la figura de Ricardo Lorenzetti, un antiguo blanco de los ataques de Carrió. Aunque lo harán por causales distintas al oficialismo, ese acompañamiento diferenciado devalúa el argumento opositor que caracteriza el enjuiciamiento a los supremos como un atropello a la República. No es un atropello. Es, más bien, un disparate.