Lo que hoy me propongo es muy sencillo: reflexionar sobre la ausencia total de una política gubernamental encaminada a reformar de raíz nuestro sistema de protección social, de modo que la mayor riqueza que se espera de la tan ansiada explosión de la minería del litio se distribuya de una forma mucho más eficiente y equitativa.
En pocas palabras: el litio promete más riqueza pero no una mayor justicia social.
Si, como esperamos todos, el litio es la locomotora que tirará de nuestro pesado aparato productivo, lo que sería lógico y razonable es que el gobierno, en vez de dejarse llevar por la chispeante euforia de los ingenieros expertos en minas y por el alborozo de sus recaudadores, ponga a trabajar inmediatamente a los ingenieros sociales, porque de no hacerlo es muy posible que las explotaciones de litio en la puna tengan el mismo impacto social -o aun peor- que los ingenios azucareros de comienzos del siglo XX.
No hay dudas de que la modernidad económica (representada por el litio) debe ser acompañada y complementada por la modernidad social. Una provincia minera con estructuras de protección social forjadas en los años 30 del siglo pasado, podrá llegar a ser una provincia rica, pero lo que es más seguro es que será siempre una provincia injusta.
Quien debe ponerse manos a la obra con este asunto es el gobierno, que podría empezar por despegarse de la ortodoxia peronista en materia de proteccíón social, reorientando el gasto público para invertir en las personas como seres humanos y no como herramientas vivientes. El peronismo gobernante debe pasar rápidamente de la dádiva a la inversión provechosa e integradora que potencie las capacidades de hombres y mujeres.
Reformar significa, entre otras cosas, proteger a los trabajadores atípicos, como por ejemplo las amas y amos de casa que no reciben una remuneración por la ingente riqueza que generan, o a los pequeños teletrabajadores, que intentan abrirse camino en el espinoso territorio de las nuevas tecnologías. El establecimiento de una renta básica universal e incondicional ayudaría mucho a dinamizar nuestro mercado de trabajo, a reorganizar las finanzas públicas y a transparentar las necesidades sociales.
Reformar significa también reducir significativamente el coste de la política, lo que no significa erradicarla ni considerarla una enemiga de la sociedad, sino más bien una actividad imprescindible que debe ser enriquecida y simplificada para hacerla más eficiente en todo sentido. Salta necesita más maestros, más médicos, más enfermeros, más cuidadores de personas dependientes y, definitivamente, menos agentes de policía. Los que creen que van a enderezar a los salteños a golpe de cachiporras (o de leyes que compriman nuestras libertades), marchan en una dirección contraria a la del progreso social y se acercan cada vez más al darwinismo social militarizado.
Reformar significa darle la vuelta al sistema fiscal como si fuese un calcetín. Necesitamos que más gente pague impuestos, porque ello supondrá que todos pagaremos menos y que las cargas se van a distribuir más equitativamente. Recaudar por recaudar no tiene mayor sentido, si luego los presupuestos no se orientan en una dirección claramente social.
La mayor cantidad de toneladas de litio extraídas de nuestros salares no asegurará, por si sola, que el modelo social cambie en la dirección que los salteños y las salteñas necesitan. Los inversores extranjeros pueden maquillar su conciencia todo lo que quieran, pueden prometerle el Edén al Gobernador, pero no debemos olvidar que su primer objetivo es la maximización del lucro y no la superación del atraso social en Olacapato o en cualquier otro lugar cercano.
Es el Estado el que debe introducir los mecanismos de corrección que ahora mismo hacen falta y hacerlo sin conceder exenciones impositivas sine die o licencias de explotación larguísimas y blindadas. La seguridad jurídica que reclama el inversor extranjero y que el gobierno provincial asegura que existe no consiste en crear zonas francas ni regímenes especiales. Más bien nace de un firme impulso colectivo que nos empuja a respetar las leyes vigentes (incluidas las medioambientales) y nos inclina a convencer a los inversores de que el gobierno está dispuesto a hacerlas cumplir en todo momento.
No soy enemigo del litio ni de la minería, pero sí lo soy de la injusticia, en todas sus formas y colores. Pienso que toda esa euforia que se ha desatado por el precio del producto y su futuro a corto plazo se tiene que moderar y que las razones de esta moderación debemos hallarlas en las inconsecuencias y deficiencias del sistema de protección social vigente, que pueden dar al traste con el mejor proyecto económico.
Quien sostenga lo contrario dejará entrever que su prioridad no es la cohesión de la sociedad ni su progreso en términos de justicia sino el enriquecimiento personal o sectorial. El gobierno, el que tenemos, el que hemos elegido democráticamente, existe precisamente para evitar que esta prioridad se traduzca en mayor inequidad y termine haciendo más grande la brecha social que nos mantiene en el atraso.
