A once años del desgraciado suceso que convirtió a Salta en el paraíso de la impunidad

Pocas veces se había visto en Salta semejante ensañamiento. La frialdad con que las dos jóvenes fueron muertas a tiros no es algo con lo que los especialistas locales en crímenes estén acostumbrados a lidiar.

Once años después de este desgarrador suceso, ni la Policía, ni los investigadores fiscales, ni los tribunales que han intervenido en el asunto han podido dar con los autores de tan bárbaros crímenes. Una cadena de ocultamientos, de tráfico de influencias y de manifiestas irregularidades procedimentales permiten afirmar -a once años de los hechos- que no existe ninguna voluntad de esclarecer este suceso por parte de las más altas autoridades salteñas.

A pesar de la carencia -que dibuja a Salta en el ámbito internacional como una sociedad bárbara en donde el imperio de la Ley se detiene a las puertas de la responsabilidad penal de los más poderosos e influyentes- el asunto sigue vivo.

Si lo está, se debe única y exclusivamente a la tenaz lucha del padre de Cassandre Bouvier, una de las mujeres asesinadas, que ha levantado la bandera de la justicia de una forma muy particular: clamando por la inocencia de Santos Clemente Vera, el jardinero sanlorenceño malamente condenado a prisión perpetua despúes de ser absuelto en primera instancia, y en base a un expediente sustancialmente idéntico.

Jean-Michel Bouvier defiende con vehemencia la inocencia de Vera, porque -afirma- «es lo que hubiera querido Cassandre», una joven muy avanzada para su tiempo, enemiga jurada de las injusticias contra los más desfavorecidos.

La más que posible caída de la condena de Vera en la Corte Suprema de Justicia argentina debería provocar un tembladeral político y judicial en Salta, pero son tan pocas las esperanzas de Bouvier de que ello suceda que tiene ya todo organizado para saltar a la arena internacional y denunciar que el Estado argentino ha faltado a sus obligaciones de impartir justicia. El padre justiciero no vacilará en señalar, con nombres y apellidos, a quienes él considera responsables de esta cadena concertada de ocultamientos e impunidad.

Mientras, cualquiera sea el resultado o el impacto de las decisiones judiciales, a una mayoría de salteños les queda la sensación de que con las turistas francesas se ha cometido el hecho más siniestro e imperdonable de que se tenga memoria. Para muchos comprovincianos, ya no somos -si es que alguna vez lo fuimos- una sociedad decente.

Las condenas tardías no enaltecen a quienes las pronuncian, no conforman a los familiares de las víctimas y tienen un efecto ambiguo sobre los victimarios. Las instituciones de la Provincia de Salta no pueden seguir mirando para otro lado. El gobierno provincial no puede seguir presumiendo de sus «aciertos» en la lucha contra la violencia criminal que castiga a las mujeres, mientras no esclarezca debidamente el asesinato, violación y torturas de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

Ningún funcionario (mucho más aquellos que en su día firmaron resoluciones judiciales para perjudicar a un ciudadano inocente) podrá eludir su responsabilidad cuando a la vista de todos queden que el único condenado en base a pruebas científicas incontestables (Gustavo Lasi) no pudo haber cometido el crimen y actuado con tanta ferocidad en solitario.

Salta debe cerrar con premura el caso de las turistas francesas asesinadas. Mientras más pase el tiempo y más esfuerzos se hagan por ocultar y confundir, menos posibilidades habrá de que recuperemos parte de la dignidad y la decencia perdidas.