Los otros días reflexionaba sobre este asunto, a raíz de la anunciada dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, señor Carlos Mazón, que era reclamada insistentemente por las víctimas de la mortal riada del 29 de octubre de 2024.
Pero quienes hasta hace solo cinco días reclamaban con furia la dimisión de Mazón ahora quieren más. No les ha sentado bien que el presidente valenciano haya dimitido como ellos querían. Ahora lo quieren en la cárcel; y si llegaran a conseguirlo, a continuación pedirán su ejecución en una plaza pública. Estoy seguro.
Algo parecido ha pasado con la banda terrorista ETA: primero el perdón a la víctimas, luego que deje de matar, más tarde su desaparición, el cumplimiento íntegro de las condenas, etc. En buena medida se ha logrado todo esto, pero hay quien pide más y no se conforma.
Ayer por la tarde, un tribunal colegiado de Salta absolvió a los hermanos Saavedra del horrible crimen de Jimena Salas, no sin antes declarar que uno de los asesinos fue uno de ellos (el que se suicidó antes del juicio y no pudo ser condenado).
Si los hermanos vivos hubiesen sido condenados, algún sector de opinión de la prensa salteña habría montado un escándalo, hablando de «perejiles», de «fiscales ineficientes», de «manipulación de la justicia», etc.
Pero ahora que han sido absueltos, dicen exactamente lo mismo. ¡Quién los entiende!
El fallo de la sentencia no ha conformado a nadie. Primero, a los Saavedra, que han anunciado una cruzada contra fiscales, jueces y policías para reivindicar el nombre de su hermano muerto. Tampoco ha satisfecho a los fiscales, que planean recurrir la absolución. Quizá, quien tenía las cosas más claras desde un principio era el abogado de la familia de la fallecida, al que le bastaba y le sobraba con que el tribunal dijera, con claridad y sin echar mano de conjeturas —como lo ha hecho—, quién fue uno de los brazos ejecutores de semejante barbaridad.
Estoy prácticamente seguro de que la familia de la fallecida se ha quedado conforme con la decisión, y que otros, en cambio, se hubiesen manifestado igual de insatisfechos si los hermanos eran condenados a las penas más duras. Cuando vemos a la presa hondeada y aturdida, aunque no sea justo ni razonable, queremos rematarla.
El aparato judicial de Salta es complejo y no siempre —es decir, en todos los casos— se puede pensar que funciona para asegurar la impunidad.
Básicamente, porque trabajar para ocultar la verdad y favorecer a los delincuentes cuesta mucho, en prestigio, pero también en dinero y en tiempo. No creo que haya muchos jueces y muchos fiscales dispuestos a hacer tantos sacrificios, ni siquiera por presiones políticas.
Es de todos sabido que en el desgraciado caso de las turistas francesas hubo en el gobierno y en la justicia una maquinaria de ocultación que funcionó para eliminar pruebas, hacer aparecer como tales evidencias puramente inventadas y castigar a personas inocentes, solo con el fin de tapar la responsabilidad de los verdaderos perpetradores.
Pero, estadísticamente, es muy extraño que el mismo patrón se repita en una pluralidad de casos. Aunque algunos no quieran admitirlo, el crimen de las turistas francesas, con sus clamorosos defectos de investigación, ha puesto a la sociedad en alerta y ha elevado el nivel de exigencia de justicia, de una justicia no solamente transparente sino también convincente y eficaz.
Estos mismos fiscales, que ayer se dijo que fracasaron, son los que recientemente consiguieron desmantelar una tupida red de corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas. No hay por qué poner la sospecha por delante de su trabajo. Hay que analizar caso por caso. A pesar de todo lo que se dice por ahí, eludir la legalidad o acomodarla al gusto particular de los poderosos no es tan fácil como parece. Puede que Salta sea un territorio anómico, pero esquivar los mandatos de la ley todavía es bastante difícil.
En esta vida no se puede ir desconfiando de todos y de todo, en todo momento. Nuestra supervivencia como seres humanos sociales depende en buena medida de que seamos capaces de confiar en algo que no está directamente bajo nuestro control. Es verdad que la justicia de Salta no ha demostrado ser de las más fiables del mundo, pero no creo que todos sus pronunciamientos y todos sus procedimientos deban ser objeto de suspicacias y tachados inmediatamente de prevaricadores.
El hecho de que la sentencia de ayer no haya conformado casi a nadie es una muestra de que quizá se trate de una sentencia justa, considerando la inexistencia de una prueba científica directa e indubitada sobre la presencia de los acusados en la escena del crimen.
Siento que algún sector de opinión en Salta se haya quedado sin su juguete mediático, aunque rápidamente, por lo que veo, ha salido a inventarse otro.
Insisto: Sospechando de todo, no hay nadie que pueda vivir en paz ni permitir que otros lo hagan.
