Hasta ahora —mal que mal— los intendentes han podido capear el temporal del clientelismo y dar alguna satisfacción a sus plantas de personal, hinchadas mucho más allá de lo razonable. Lo han hecho, gracias a los auxilios financieros (que dependen básicamente de la coparticipación federal) y la tributación local, que les han permitido, en muchos casos, evitar el fantasma de la bancarrota.
Por este motivo, quizá, muchos intendentes muncipales se han lanzado a la aventura de la formación profesional, con la esperanza de que el mercado de trabajo pueda proporcionar a los vecinos las rentas que necesitan para poder sobrevivir y que la política —por mucho que lo desee— no puede inventarse como por arte de encantamiento.
Pero ¿qué sentido tiene formar una amplísima variedad de oficios que el mercado demanda cada vez menos y en peores condiciones?
Los recursos para la formación en Salta no son abundantes y, por tanto, son caros. Entre los recursos, no solo debemos contar a materiales y herramientas, sino también el salario de los formadores, el coste de las instalaciones donde se imparten los cursos y, fundamentalmente, el tiempo que se dedica a la formación.
Los intendentes municipales forman mucho, pero mal. Cada tanto sacan a la calle a cientos de «graduados» perfectamente cualificados, pero casi nunca dicen cuántos de ellos han encontrado un empleo de calidad, estable y bien remunerado. Esas estadísticas permanecen en secreto.
No sería aventurado cifrar en un 90% la proporción de «formados» que lo mejor que ha podido hacer hasta hoy con el entrenamiento recibido ha sido enmarcar el diploma que lo certifica en posesión de unos saberes que no le permiten, ni le permitirán, vivir decentemente.
Tener una mano de obra sobrecualificada es —económicamente hablando— casi tan malo como tenerla subcualificada.
Entre la automatización, que está reemplazando aceleradamente a personas de carne y hueso por máquinas muy eficientes, y el acusado retroceso de la protección legal del trabajo (léase reforma laboral) los empleos tradicionales no solo se han vuelto difíciles de hallar, sino que en muchos casos se han convertido en un pequeño infierno esclavizante para quienes los desempeñan.
La crisis del empleo asalariado —el único que, por el momento, puede sostener en un plazo medio a una persona y a su familia— ha empujado a los intendentes a formar pequeños cuentapropistas, a muchos de los cuales se disfraza bajo el romántico (e inútil) rótulo de emprendedores.
Es decir, se procura formar a personas para que se arriesguen trabajando sin protección social ninguna, en actividades de muy bajo valor añadido, que ni siquiera los intendentes saben si permitirán aliviar las arcas municipales.
De momento, la formación para el desencanto laboral solo está agravando la crisis económica de las municipalidades, cuyos intendentes bien harían en ir pensando en instrumentar, con el dinero que se gastan en una formación para el pasado, unas módicas rentas universales de inserción.
