Comprendí entonces que la doctrina de los «derechos adquiridos» se asemeja bastante, en lo fundamental, a la de algunos derechos patrimoniales, como el derecho de propiedad, y, más concretamente, a su intangibilidad.
Afortunadamente, los derechos que gozan de mayor estabilidad y reconocimiento entre nosotros son aquellos inherentes a la dignidad de la persona humana, dentro de los cuales —por razones que son muy fáciles de comprender— hay muy pocos que tienen que ver con el estatus socioeconómico de una persona.
Los derechos de esta naturaleza no solo dependen de la voluntad graciosa de quien los concede —o los reconoce—; dependen fundamentalmente de la economía (de la riqueza de un país y de la capacidad de sus habitantes para producirla) y de los ciclos que son propios de esta actividad humana.
No hay en la Constitución, ni en los tratados internacionales, un derecho a ser rico, de la misma manera que no existe en nuestras normas fundamentales un derecho a estar sano. Al contrario, las Constituciones establecen el derecho fundamental a trabajar y de acceder a las prestaciones de salud. De ningún modo garantizan que, aun trabajando o aun accediendo gratuitamente a un hospital, las personas puedan hacerse ricas o sanar de sus dolencias.
Pienso que defender con ferocidad los derechos que se han ganado con anterioridad (especialmente si son el resultado de luchas épicas) es lo que corresponde cuando una reforma legal amenaza su continuidad. Pero hacerlo con la convicción de que se trata de derechos «intocables» y «para siempre» es un error que normalmente se paga caro.
Está más que demostrado que las fuerzas reaccionarias pueden retrocederlos. A algunas les cuesta más que a otras, por supuesto. Pero lo importante es que quienes disfrutan de un derecho tengan la conciencia moral de que pueden perderlos en cualquier momento, aunque no sea lo más deseable. El que está preparado para perderlos defiende mejor los derechos que aquel a quien los acontecimientos le pillan de sorpresa.
No es un llamado a la resignación, sino más bien una apelación a la resignificación de la lucha. En materia de derechos laborales, el primero y más fundamental de todos es el derecho de acceder a un puesto de trabajo. Si dirigimos nuestra atención a los números del desempleo vamos a darnos cuenta, en el acto, de lo difícil que es en estos tiempos hacerse con uno, y, correlativamente, lo fácil que es perderlo. Quien hoy consigue trabajo sabe perfectamente que lo puede perder. La conciencia del trabajo que se acaba (y de los derechos que se extinguen) es muy parecida a la del ser humano que sabe positivamente que en algún momento va a morir.
En mi opinión, tiene más valor moral aquel que lucha por recuperar un derecho perdido, sabiendo de antemano que, una vez reconquistado, lo puede perder otra vez, que el que piensa que sus derechos han nacido para no extinguirse jamás, por ningún motivo, y que, por tanto, se acuesta todas las noches con la falsa tranquilidad que proporciona saber (o imaginarse) que al día siguiente todo seguirá igual.
El solo hecho de vivir nos expone a circunstancias no deseadas. Muchas de estas circunstancias —probablemente, la mayoría— están fuera de nuestro control, así seamos grandes empresarios, poderosos gobernantes o simples trabajadores asalariados.
