No tengo la menor idea cómo se harán estas pruebas. Es decir, no sé si será suficiente un simple análisis biquímico o si, por el contrario, hará falta una exploración visual de órganos internos.
A partir de la entrada en vigor de la norma, los resultados y sus consecuencias (sea el mantenimiento o el acceso a un cargo público, o su privación presente o futura) deberán ser conocidos por todos los ciudadanos.
No sería de ningún modo admisible que un funcionario sea cesado sigilosamente (o «invitado» a dimitir amistosamente después de dar positivo en la prueba). La credibilidad de la autoridad que lleve a cabo los análisis se basa, justamente, en la publicidad de su trabajo y en la posibilidad de que cualquiera pueda contradecirlo. Estas no son consecuencias que se desprenden de la propia naturaleza de la prueba, ni de su finalidad, sino del Estado de Derecho.
Todo mundo tendrá el derecho «republicano» a saber que una persona ha dejado de ser (o que no podrá ser) empleado público por haber consumido drogas y haber perdido, en consecuencia, su «aptitud moral».
Si unimos esta fatal consecuencia «administrativa» con el propósito moralizador que persigue la norma (dicho por sus propios redactores), está clarísimo que a la sanción de la privación del cargo se une, indisolublemente, un estigma social prácticamente irreversible. El excluido deberá ser, necesariamente, un paria en la sociedad en la que vive. No hay otra solución.
El adicto no solo perderá su lugar en el Estado. Ninguna empresa le va a contratar y no va a poder aspirar jamás a un empleo privado. Su pública condición de consumidor de drogas le cerrará las puertas de cualquier otra actividad e incluso impedirá que se le proporcione asistencia social como a cualquier otra persona enferma. Ningún paciente, ningún cliente querrá ser atendido, patrocinado u operado por un médico, un abogado o un contador que públicamente ha sido declarado «drogadicto».
Más allá de los aspectos jurídicos —que, por supuesto, son muy interesantes— creo que hay que calcular que la generalización de estas pruebas clínicas y la inevitable publicidad de sus resultados nos aboca a un escenario de shift cultural de gran calado.
¿Por qué motivo?
Básicamente porque el consumo de sustancias (incluidos el alcohol, el tabaco y la coca) por las clases más acomodadas siempre ha sido visto en Salta a través de un prisma de romanticismo, cuando no oculto detrás de un tupido y falso velo de «buenas costumbres».
Mientras los pobres que se drogan son piltrafas humanas o simples delincuentes, un funcionario del Estado, consumidor de sustancias, es generalmente visto y tratado como un bohemio, un consumado representante de nuestra tierra de «poetas y cantores», como un héroe en las sombras, como un valiente cuestionador del sistema.
Ahora, después de que la nueva ley entre en vigor, los adictos excluidos cambiarán radicalmente su estatus. En primer lugar, dejarán de ser anónimos (es decir, su condición ya no será objeto de habladurías, sino que habrá un acto administrativo que ponga negro sobre blanco su «vergonzosa» enfermedad). En segundo lugar, dejarán de ser héroes civiles para pasar a integrar ese grueso segmento conformado por la escoria de la sociedad.
Mientras, los que se quedan en sus puestos, por haber dado negativo en el análisis, serán los ciudadanos perfectos y ejemplares, así sean las personas más perversas que pisan la Tierra. Los que ya eran «decentes» desde antes, pasarán a ser «hiperdecentes», por la gracia de un solo análisis. El control social tiene ahora en Salta una nueva y poderosa herramienta para asegurar el dominio continuado de los intachables morales.
Cuando, por aplicación de esta injusta ley, comiencen a rodar cabezas, me gustaría ver cómo hace el gobierno para frenar la avalancha de ciudadanos que golpearán sus mostradores para reclamar un puesto de trabajo en el Estado, con el único argumento de que tienen en su poder y a su favor una prueba negativa de consumo de drogas. ¿Se animará el gobierno a decirles que no con el argumento constitucional de la idoneidad, cuando la ley que se apresta a sancionar justamente convierte a la idoneidad constitucional en papel mojado? Sinceramente, me gustaría ver este espectáculo.
Desconozco si la ley prevé o no un procedimiento de rehabilitación, pero si lo previera, la sola declaración de «consumidor» (y no en los términos de la ley 24.240) acarrea un apreciable y automático descenso social.
¿Está Salta preparada para ello?
El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra (Juan 8:7).
