A partir de aquel momento, las democracias occidentales asumieron –probablemente de forma precipitada– que el capitalismo liberal era el único sistema superviviente y que, tras la desaparición del antagonista ideológico, el futuro del mundo se encaminaba hacia la universalización de la democracia de cuño occidental y la interconexión de las naciones.
El aumento del flujo transfronterizo de bienes, personas y capitales espoleó el triunfalismo de los partidarios de la globalización y de los teóricos del «fin de la historia», que vivieron un periodo –más bien breve– en el que sus atrevidos pronósticos parecieron hacerse realidad.
Por delante teníamos un mundo en el que no solo habría democracia y libertad, en unidades nacionales abiertas, tolerantes y cosmopolitas, sino también prosperidad global al alcance de la mano. Todo ello a condición de que nos animáramos a dejar atrás la economía política localista de las décadas precedentes, ligada invariablemente al espacio geográfico.
La idea de Estado nación -y de su consecuencia más visible: las lealtades nacionales-, que dominaron el siglo XIX y buena parte del XX, comenzaron a dejar paso a la idea de un «mundo exterior», abierto y sin fronteras, ajeno a los problemas locales e insensible a las emociones nacionales; un mundo en el que lo más importante era el flujo ilimitado de bienes y capitales.
El capital financiero internacional sustituyó de hecho a las naciones en la arena internacional e influyó decisivamente en la política económica y social de los gobiernos occidentales, inclinándolas a casi todas ellas hacia un neoliberalismo que fuese capaz de erigir la menor cantidad posible de obstáculos a la movilidad del capital.
De lo que se trataba entonces era de convertir al sector privado en el motor principal del crecimiento económico. Para ello, los gobiernos habrían de ceñirse a una receta sin escapatoria: Mantener bajas tasas de inflación, reducir el tamaño del aparato del Estado, buscar obsesivamente el equilibrio de las cuentas fiscales, eliminar o rebajar los aranceles a los bienes importados, fomentar la inversión extranjera suprimiendo las trabajas al ingreso de capitales y, sobre todo, a la repatriación de las ganancias; privatizar todo lo que se pudiera, facilitar la convertibilidad de la moneda, eliminar la corrupción y los subsidios en la Administración pública, abrir grandes ramas infraestructurales de la economía a la propiedad y competencia privadas, desregular el mercado de trabajo y permitir que la protección social de la vejez estuviera en manos de planes y fondos de inversiones de gestión extranjera.
Todo esto se hizo, no porque lo «mandaran» los Estados Unidos, o por su interés nacional (largamente sobrepasado), o por imposición del FMI, sino por el enorme poder acumulado por el capital financiero internacional, que no solo funcionaba con sus propias reglas sino que pretendía que los países las adoptaran como propias.
Así, el capital financiero globalizado llegó a escapar del control de cualquier Estado, e incluso a ponerse por encima de muchos de ellos, condicionando no solo sus decisiones sino también su propia viabilidad como Estado soberano e independiente. Por mor de la liberalización de los flujos, el entramado financiero internacional podía hundir rápidamente a países con sistemas económicos débiles; no tanto a los Estados Unidos, que de algún modo podían resistir mejor.
Así, los Estados Unidos se convirtieron -desde Reagan en adelante- en los grandes impulsores de la globalización del capital financiero. Los gobiernos de Clinton y Obama no fueron la excepción: Fueron eisenhowerianos más que rooseveltianos. Las grandes empresas transnacionales originalmente de capitales americanos se hicieron más fuertes, más importantes, más anónimas y «más globales», más incluso que el propio gobierno nacional. Por esta razón es que es muy arriesgado identificar a los Estados Unidos, como Estado nación, con el capitalismo salvaje globalizado.
La convicción de los gobiernos –especialmente de los demócratas– sobre la ineluctabilidad de la globalización y su menos convencida respuesta neoliberal a los desafíos internacionales acarrearon la pérdida de millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos y un debilitamiento generalizado de las instituciones, empezando por el otrora todopoderoso gobierno federal.
En 2025, con el regreso al poder de Donald Trump, pocas dudas caben acerca de que, así como los Estados Unidos fueron los indiscutidos ganadores de la Guerra Fría, han sido también los grandes perdedores de la globalización. El primer proceso duró 44 años; el segundo 35.
El mundo ideado por los profetas de la globalización benefició a otros países –como China– antes que a los Estados Unidos, con el agravante de que la globalización no alcanzó para que los chinos se pudieran mover del comunismo. ¿Democracia? ¿Para qué?, se preguntan los chinos. En vez de extender la democracia liberal y universalizar sus valores, lo que consiguió la globalización fue extender el capitalismo liberal, un sistema que, contra todas las teorías vigentes, demostró que puede convivir –probablemente mejor– con regímenes iliberales que con las democracias a las que suponíamos tan parecidas en su ADN.
La respuesta de los Estados Unidos, con Trump al mando de la nave, es primitiva y nada innovadora.
De lo que se trata es de destruir la globalización, de aislar al país y de volver, lo más rápido que sea posible, a una economía política localista, manteniendo al mismo tiempo una política internacional agresiva, confrontativa y con claras inclinaciones imperialistas.
Trump quiere alcanzar estos objetivos aunque para ello se vea obligado a desconectar a las empresas estadounidenses de los sistemas financieros globales. Para entender un poco mejor esta política, se podría decir que el lema «Make America Great Again» es, en realidad, una forma populista y ciertamente dulcificada de enmascarar el objetivo de «Make America Self Again».
Así como la caída del Muro y el colapso del bloque soviético supusieron un cambio de época en el mundo, la certificación de la derrota norteamericana en la globalización va a traer aparejada la construcción de nuevos equilibrios y la aparición de nuevos actores. Es nuestro deber estar pendientes.
«La Isla» ha dejado de ser un paraje periférico de Cerrillos, en tierra de nadie, camino a San Agustín, para empezar a operar en un país de 10.000.000 de kilómetros cuadrados y casi 350.000.000 de habitantes.
Esto, más que una conquista de la globalización, es un triunfo inapelable del cerrillanismo.
