Una democracia fuerte, con instituciones firmes, con normas jurídicas eficaces, no debería sentirse amenazada -como ahora lo está Salta- por la penetración de las organizaciones mafiosas en el entramado del Estado. Creer que por encarcelar a un intendente o destituir a un juez estamos mejorando nuestra democracia es un error que podemos pagar muy caro.
Si hay miedo, no es porque temamos al poder del enemigo, sino porque nos inquieta nuestra preocupante falta de poder.
En mi opinión, más que preguntarnos la razón del poder creciente de los criminales, sobre el origen de sus recursos, la perversidad de sus planes y sus intentos exitosos de penetrar las instituciones del Estado y contaminar la democracia, deberíamos preguntarnos por qué nuestro sistema político se encuentra tan expuesto a los ataques de este tipo de organizaciones. Preguntarnos por qué «los buenos» hacen muy poco para mejorarlo.
Ninguna mafia internacional, con sujetos itinerantes (de gran movilidad física y una movilidad financiera aún mayor), se asienta en un territorio si no ve en él oportunidades para consumar sus designios criminales con el menor coste posible.
Es poco menos que evidente que en algún momento nuestra Provincia ha ofrecido espacios de impunidad para el despliege del crimen organizado y que hoy, aunque se pretenda combatirlo, nos estamos dando cuenta de que nuestras leyes son insuficientes, nuestras instituciones precarias y que nuestra democracia (que incluye el juego político y la confrontación ideológica) no tiene suficientes filtros de selección, ni los tiene eficaces, como para que los ciudadanos puedan distinguir claramente entre un político con buenas intenciones y un criminal disfrazado de político.
A mi juicio, las instituciones no pueden declararle la guerra al crimen organizado y, al mismo tiempo, silenciar o postergar la investigación de crímenes horrendos como el de las turistas francesas, ocurrido en 2011. La moral del Estado de Derecho es una sola y no admite dobleces ni decisiones interesadas «según la cara del cliente».
Por supuesto que hay que combatir a las mafias e impedirles, con la ley en la mano, que alcances los objetivos que se proponen. Pero al lado de esta tarea -que se intuye muy difícil, no solo por cuestiones operativas- hay que intentar por todos los medios a nuestro alcance mejorar nuestras instituciones, potenciar nuestra política (al menos, no rebajarla continuamente) y elevar la intensidad de nuestra democracia. Y de eso no se ocupa ni el gobierno, ni la justicia, ni la legislación.
El establecimiento de una especie de «zona liberada» alrededor de la ciudad de Orán, en el Norte de Salta, no solo se debe a la permeabilidad de la frontera, a los flujos financieros fronterizos, al déficit de control y vigilancia de las autoridades federales o a la particular idiosincracia de los habitantes de la zona. Al contrario, tiene mucho que ver con la falta de cohesión territorial, con el aislamiento de una parte de la Provincia que carece de buenas comunicaciones por carretera, carece de las infraestructuras mínimas imprescindibles y adolece de una aguda falta de integración cultural y política.
Los gobiernos, tanto el provincial como el federal, muy poco han hecho para solucionar estos problemas, algunos de los cuales son, como es bien conocido, de muy larga data.
Pero enfundarse el traje de Cid Campeador y batirse con los mafiosos como si hacerlo justificara por sí solo la existencia de las instituciones y prestigiara a nuestra democracia es, como solución, muy pobre y de muy corto recorrido. Salta no necesita un sheriff o diez de ellos, sino la construcción de consensos alrededor de un sistema moral compartido que hoy por hoy no tenemos.
El narcocrimen es la consecuencia y no la causa. Si solo combatimos coyunturalmente la consecuencia y no nos ocupamos de atacar las causas, no solo triunfará el crimen organizado, sino que el rescate de nuestras instituciones para los salteños del futuro será imposible.
