La iniciativa forma parte de una corriente de pensamiento, bastante sólida, que aboga por implantar cursos obligatorios para conseguir que los ciudadanos piensen y actúen de una forma determinada, sin posibilidad de escapatoria, siempre a gusto de las mayorías que ejercen el poder o los grupos minoritarios cercanos a él, creando, al mismo tiempo, un negocio del que se lucran los «formadores».
Porque si hay alguien en Salta que «sabe» más de democracia que sus congéneres (y presume de una autoridad cuasipontificia en la materia), esa persona debería gobernar y los otros sentarse a mirar lo que hace.
Probablemente lo que pretenden los diputados provinciales de Salta que han firmado el proyecto de ley sea resucitar al rey filósofo de Platón.
Lo que subyace a esta pretensión (más allá de su clamorosa inconstitucionalidad) es la convicción de que el juramento o promesa prestado (ante Dios, los Santos Evangelios o la propia conciencia y honor) por los cargos públicos de observar y hacer observar la Constitución es insuficiente, o directamente inútil. El proyecto asume que diputados, senadores, gobernadores e intendentes son perjuros (es decir, que juran en falso) o que, por pura conveniencia, luego de asumir sus cargos quebrantan maliciosamente el juramento que han hecho.
Ningún ciudadano (desde luego, tampoco ningún cargo público) está obligado a «simpatizar con la democracia» o adherir íntimamente a ella. La democracia es una opción política, no un imperativo moral absoluto.
Quienes acceden a un cargo público están más bien obligados a respetar la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico, honrando en todo momento las obligaciones que las normas les imponen. Si, además de esto, para ejercer un cargo público alguien tiene que aceptar una determinada interpretación de hechos históricos absolutamente interpretables, lo que está haciendo quien enseña «democracia» es imponer el pensamiento único y sembrar la plaza de autoritarismo; es decir, lo contrario a la democracia.
La Constitución y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por la República Argentina y que en nuestro país tienen el máximo rango normativo, nos permiten pensar y sentir como queramos, sobre la democracia, las milanesas, el fútbol o el canto lírico.
Por ello, quien pretende dar lecciones de democracia a los demás (presumiendo que los demás no saben lo que es) lo que está haciendo es colocar a la democracia por encima de la Constitución y de las libertades fundamentales (aspiración de cualquier dictador), cuando la verdad es que nuestro sistema de convivencia está diseñado para fortalecer las libertades y no para ahogarlas o suprimirlas.
Por lo demás, si cualquier ciudadano, por el solo hecho de serlo, está lo suficientemente capacitado para ejercer la política, se debe presumir iuris tantum que también lo está para vivir en un régimen democrático sujeto al imperio de la Ley y para ejercer cargos públicos de cualquier naturaleza o nivel de responsabilidad. Presumir que la formación cívica o democrática de nuestros ciudadanos o ciudadanas es deficiente, supone no tanto insultar a quienes vayan a tomar parte en este tipo de cursos, sino proclamar que quienes fundaron la nación y dictaron nuestra Constitución fracasaron estrepitosamente en su empeño civilizatorio.
La iniciativa de los diputados provinciales salteños, ataca además el derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, consagrado por nuestras constituciones, en la medida en que creará dos clases de ciudadanos bien diferenciadas: la de los «capacitados» en democracia y los «no capacitados».
No hay motivo objetivo ni razonable para que unos y otros disfruten de diferentes oportunidades de acceso a los mismos cargos públicos, en tanto la educación «democrática» (aun la más perfecta) no proporciona a nadie (ni puede proporcionar jamás) un plus de idoneidad.
Este proyecto de ley, arbitrario a más no poder, será sin dudas la antesala de la futura pero no tan lejana creación de carreras universitarias de «senador» y «diputado», para que la mente y el espíritu de quienes aspiren a representarnos hayan pasado antes por el torno de alfarero de los maestrillos de «democracia».
Bien haría la mayoría de la Cámara de Diputados en desechar este absurdo proyecto y preocuparse por mejorar la democracia por otros métodos, que no supongan la compulsión, que no compriman la libertad y que demuestren que por detrás de ellos no se esconde el monstruo del pensamiento único, principal enemigo de la libertad de conciencia y grave deformación de la democracia que se pretende defender.
