El empeño por mantener con vida a ese Estado fantasmagórico, sostenido por los pilares de la mentira y mal ensamblado con el inestable pegamento del amiguismo, lentamente se está volviendo en contra de aquellos que defienden una justicia «a la carta», según la cara del cliente y las necesidades -a menudo uniformes- del poder crepuscular.
La dignidad de la justicia está vinculada, cómo no, con el decoro de quienes ejercen la función jurisdiccional, pero más que del aspecto personal de la dignidad de un cargo en particular -que es importante, no hay por qué negarlo- estamos hablando de una cualidad inherente a la función constitucional, de un sustento imprescindible de una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la ley, por igual.
Por esta razón es que los mecanismos populares de protección de la dignidad judicial y del buen desempeño de quienes juzgan y castigan son tan importantes en nuestra sociedad, y en cualquier otra que se precie de democrática.
Tenemos que darnos cuenta de una vez de que estos mecanismos populares no se reducen a los procedimientos institucionalizados para juzgar la conducta de quienes han transgredido las normas. Es más: estos procedimiento son una parte muy mínima del escudo de protección social contra las arbitrariedades del poder.
Estos mecanismos populares se extienden de una forma incontenible a las sanciones morales que la sociedad -y los ciudadanos- imponen cuando la convivencia ha resultado alterada por conductas que no han merecido reproches institucionales de forma justa y oportuna. Estas sanciones no solo son irrecurribles; son también imprescriptibles, aunque el sancionado siga cobrando el sueldo por mucho tiempo.
Creo muy sinceramente que el peor castigo para un juez que ha enfrentado una parodia de juicio popular y ha salido indemne sin siquiera haber dado explicaciones de sus actos desviados, es tener que volver al día siguiente a su despacho y comenzar a firmar sentencias, como si nada hubiera pasado, sabiendo que, a partir de ese momento, el ejercicio de su autoridad será siempre objeto de sospecha y de desconfianza por parte de aquellos que se supone deben confiar en su apego ciego al Estado de Derecho. Sinceramente, no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de ellos.
Una carrera interrumpida por una destitución democrática permite de algún modo conservar la dignidad, porque el Estado de Derecho, cuando funciona como tiene que funcionar, no humilla ni debe humillar a nadie. Pero el tener que enfrentarse todos los días a los errores propios y a los sudores y temblores que provoca una conciencia incómoda, sabiendo además que aquellos errores han causado daños irreparables a personas que no los merecían, y que los ciudadanos no los han perdonado, tiene que ser una auténtica tortura.
Hablando de castigos eternos, me gustaría recordar que Atlas era un titán de segunda generación, que fue protagonista de uno de los episodios bélicos fundamentales de la mitología griega: la Titanomaquia, nombre que se dio a la lucha entre los dioses olímpicos y los titanes, que eran los hijos más jóvenes de Urano y Gea, mientras que los olímpicos eran hijos de Cronos y Rea.
Diez años duró esta guerra, que terminó con la victoria de Zeus y compañía. Como líder de los derrotados, Atlas fue condenado a sujetar la bóveda celeste hasta el final de los tiempos.
Haga la prueba de leer Atlas al revés y verá. Tal vez el nombre, como a mí, a usted le suene de algo.
