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  • El Senado nacional, asamblea aristocrática pilar de la república mixta
  • El reciente aumento de la asignación económica de los senadores nacionales argentinos ha levantado olas de indignación.
Recinto de sesiones del H. Senado de la Nación argentina
Recinto de sesiones del H. Senado de la Nación argentina

Probablemente lo que no se les perdona a nuestros senadores es que, deliberadamente, hayan vinculado el aumento de sus percepciones con sus necesidades personales y sus dificultades económicas, sin reparar en la situación del país, que es -en general- muy mala para todos.



Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar estos sucesos es que el dinero que los senadores reciben del Tesoro no remunera su trabajo; es decir, no es una percepción de naturaleza salarial, como afirman algunos.

Ello es así, desde luego, porque la cantidad que se llevan mensualmente al bolsillo los senadores nacionales no está vinculada ni con el tiempo efectivo que dedican a sus tareas, ni con su «productividad» individual o colectiva, ni con nada parecido.

Muy en general, se puede decir que los senadores reciben dinero por estos dos conceptos:

1) La dieta, que es un privilegio parlamentario;

2) Las indemnizaciones y suplidos (compensaciones de los gastos que deben efectuar para poder cumplir con su función, como manutención, vivienda, transporte y otros).

Estas dos partidas tienen en común que ambas son necesarias para asegurar la independencia, el buen funcionamiento y el decoro de la Cámara y de sus miembros, y que han sido pensadas, más para preservar el órgano, que para evitar penurias económicas a los senadores, que no tendrían por qué sufrirlas.

Por consiguiente, ningún ajuste en la cuantía de estas asignaciones se puede llevar a cabo por razones puramente económicas, si al mismo tiempo los senadores no demuestran que el desajuste económico (el atraso de su asignación) proyecta serias consecuencias políticas, como el riesgo de la pérdida de la independencia o una mayor permeabilidad a las presiones de grupos económicos o una injerencia indebida del Poder Ejecutivo.

Pero en el caso del Senado argentino hay un elemento que no se debe perder de vista y es que los miembros de la cámara -todos ellos-, por virtud de lo que dispone el artículo 55 de la Constitución Nacional (no reformado en 1994), son personas que -se supone- disfrutan de rentas cuantiosas.

Bien es verdad que el requisito de los dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente ha quedado «deprecated», pero ello no quiere decir que nuestros senadores sean pobres de solemnidad y que necesiten imperiosamente la asignación senatorial para poder sobrevivir.

Si un senador reconociera que no puede hacer frente a un alquiler o al transporte sin el dinero del Tesoro, sencillamente debería renunciar a su cargo por no llenar los requisitos exigidos por la misma Constitución que juró cumplir.

A menudo se pierde de vista que el constituyente argentino de 1853 ideó al Senado federal como una asamblea aristocrática (en el sentido aristotélico del término), como la Cámara de los Lores argentina.

Su razón de ser era -como lo es todavía- la necesidad de equilibrar el peso de la «asamblea democrática», representada por la Cámara de Diputados de la Nación. Vale la pena recordar que, de acuerdo con nuestro diseño constitucional, la nuestra no es una república democrática sino una república mixta.

Aunque el requisito de la renta periódica para ser senador nacional ha dejado de exigirse por razones atendibles, no ha faltado quienes han calculado lo que al día de hoy representan los «dos mil pesos fuertes» del art. 55 de la CN.

Según los más conservadores de estos cálculos, la renta anual que legitimaría hoy el ejercicio del cargo de senador nacional ascendería a unos 170 millones de pesos argentinos (otros hablan de una determinada cantidad de oro de ley), que es la suma que los senadores deberían poder acreditar que poseen en propiedad, con independencia de los ingresos que les reporta el ejercicio del cargo legislativo.

Por tanto, ninguno de los 72 senadores argentinos tendría motivos constitucionales serios para decir que «está zarandeando la olla», ni a la hora de aumentarse las dietas ni en ningún otro momento, porque, si de verdad estuviese en una precaria situación económica, debería renunciar.

Todo esto hace que el aumento decidido por los senadores nacionales los días pasados no solamente sea una medida antipopular, sino que también sea una medida que desconoce la propia esencia del Senado y que atenta seriamente contra el decoro personal de sus miembros, (los lores argentinos) unos miembros que deberían mostrar -hacia adentro y hacia afuera- un poquito más de dignidad y bastante más de autoestima.



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