Y aquí reside el problema. El mejor comportamiento de la economía no se puede lograr en base a la reducción de la ciudadanía, porque justamente, si alguna explicación filosófica hay para la existencia de la república, esta es que debe servir para incluir y empoderar a la mayor cantidad de ciudadanos en la gran empresa del autogobierno compartido.
Ha sido la evolución del Estado (no la del capitalismo) la que ha evitado, en los últimos 150 años la brutal explotación de los trabajadores, y la que, en consecuencia, ha permitido expandir la base de la participación política de quienes forman el grupo más numeroso de la sociedad. No debemos olvidarnos de esto al hacer balance sobre el rol del Estado en nuestras vidas.
Ha sido el Estado el que ha propiciado la división del poder económico, en contra de la natural tendencia del capitalismo a la concentración de la riqueza. En la base de la resistencia a los mecanismos institucionales de división del poder político (asambleas parlamentarias y estados federados) se encuentra esta tendencia a la concentración, que viene de la economía capitalista, no de la política.
Vivimos en una era en la que este proceso evolutivo parece haberse detenido. Los fundamentalistas sostienen que el fin último (el único) de la actividad económica es el consumo. Ya son muy pocos los que defienden que la economía debe estar al servicio del autogobierno; es decir, que la economía persigue fundamentalmente un fin de afirmación cívica.
De allí que el capitalismo que enarbola el presidente Milei (probablemente sin proponérselo intencionadamente) tiende a privar a los menos favorecidos de nuestra sociedad de tener su propia voz en la conformación de las fuerzas que gobiernan sus vidas y las de todos.
Aquí justamente reside el quid de la cuestión que enfrenta al centro con la periferia.
No estamos, a mi juicio, en medio de una puja distributiva entre territorios de desigual riqueza sino ante una tensión entre quienes defienden una economía justificada en el consumo (y en el lucro) y aquellos idealistas que creen que la economía tiene que contribuir a formar ciudadanos que sean capaces de sostener la república; pero no con pala y pico, sino con ideas y debates inteligentes.
La renuncia a una concepción cívica de la libertad de mercado nos expone a perder la república, incluso más y más rápido que el déficit fiscal o el populismo, disgregadores por definición. La idea de una libertad pensada exclusivamente para consumir (o para ahorrar) representa una interpretación empobrecida del concepto mismo de ciudadano, que es lo que debemos defender, tanto de las distorsiones populistas como del fundamentalismo de mercado.
El propio triunfo electoral de Milei ha puesto de manifiesto una realidad sumamente preocupante: que una mayoría de argentinos pone por delante la idea de que la democracia es la continuación de la economía por otros medios y que las aspiraciones republicanas de autogobierno se han reducido a una noción consumista de la libertad.
Es esto último -y no la inflación o la corrupción «castense»- lo que ha potenciado esa sensación creciente de desempoderamiento, que sustrae a los ciudadanos ese sentido de pertenencia y de implicación cívica que se necesita para mantener en pie la república y edificar su democracia.
