Creo que con independencia de lo que puedan decir los psiquiatras expertos acerca del tono que utiliza y los temores que se expresan en la solicitada, los ciudadanos deben extraer de sus párrafos algunas conclusiones políticas.
En primer lugar, los ciudadanos que votan en Salta deben preguntarse si, efectivamente, como dice el señor Estrada, ha sido el voto de los salteños el que le ha dotado «de la inmunidad de opinión que protege la Constitución Nacional» y si este privilegio se puede o se debe usar para decir «todo lo que crea necesario en defensa de Salta».
Como casi todos los demás privilegios o prerrogativas parlamentarias, la inmunidad de opinión no protege a los legisladores individuales sino al cuerpo colegiado que integran, de modo tal que el voto ciudadano no influye en lo más mínimo en la existencia o en la extensión de tal inmunidad.
Ni el voto, ni la condición de diputado adquirida posteriormente tras el acto de incorporación, «dotan» al señor Estrada -como a ningún otro diputado- de ninguna condición o poder diferente al de representante del pueblo de la Nación. Es decir, no lo eleva al Olimpo, sino que lo coloca bien al ras del suelo.
Como representante del conjunto del pueblo -ya no solo de los habitantes del distrito que lo ha elegido- el señor Estrada no tiene ningún derecho a erigirse en «representante de Salta», pues no lo es.
Si actuara exclusivamente en defensa de los intereses provinciales, Estrada estaría traicionando el mandato conferido, pues él, como todos sus colegas, forma parte de una institución clave del Estado federal, cuyos intereses está obligado a poner por delante en todo momento, aun cuando tales intereses colisionaran con los provinciales, y especialmente cuando tal colisión ocurra.
La creencia de que la inmunidad de opinión permite a un legislador decir «todo lo que sea necesario» es falsa y peligrosa. Es lo que podría llamar aquí una ilusión destructiva.
Con objeto de asegurar la independencia del cuerpo -no para satisfacer las pulsiones políticas de los legisladores individuales- el artículo 68 de la Constitución Nacional establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
Entre esto y «decir lo que a uno se le antoje, en el momento que a uno le venga en gana» hay una enorme diferencia.
En primer lugar porque aquella libertad de expresión reforzada que prevé la Constitución está relacionada directamente con el desempeño del mandato de legislador. Cuando la Constitución utiliza el gerundio («desempeñando») nos está diciendo que las opiniones y discursos protegidos son aquellos que se vierten o pronuncian durante (en el curso de) el ejercicio de las funciones legislativas; es decir mientras se ejerce el mandato representativo; esto es, en los debates en el recinto, en las comisiones, en las comparecencias públicas, etc. Pero este privilegio tiene un importante límite: debe ceñirse estrictamente a temas relacionados con la función legislativa que se ejerce y limitarse al espectro representativo.
Es decir, un legislador no puede aprovecharse de la inmunidad de opinión constitucional para hablar de la injusticia del VAR en un partido de fútbol o para criticar una obra de teatro; y no puede opinar sin consecuencias sobre cuestiones políticas internas de la provincia que lo ha elegido, en la medida en que tales cuestiones no invadan la competencia legislativa federal, que hay que recordar que es excepcional.
En pocas palabras, Estrada no está «dotado» de inmunidad de opinión para hacer una campaña política corrosiva en Salta. Ni siquiera para hacer una campaña limpia. Esto es completamente inconstitucional y supone un ejercicio manifiestamente abusivo del mandato representativo.
Un ciudadano más
Luego de defender la titularidad de un derecho que no le pertenece, Estrada dice en su solicitada que se dirige a los salteños «como un ciudadano más, como alguien que siente la injusticia en carne propia».Pero quien dos líneas más atrás ha defendido la sacralidad de su opinión inmune no puede, dos renglones después, decir que habla «como un ciudadano más». Es contradictorio.
Luego, un poco más abajo, acusa al gobernador Gustavo Sáenz de orquestar «una persecución política, judicial y mediática» en su contra, que además está «sostenida con los recursos que pertenecen a todos nosotros, los salteños».
Sobre esto se puede discutir hasta el infinito. Lo cierto y verdad es que es a Estrada a quien se acusa de haber formado una asociación ilícita para socavar la honra y la credibilidad de los gobernantes, asociación que además pudo haber sido financiada con recursos del Estado federal, que por cierto también «pertenecen a todos nosotros, los salteños», como pertenecen a todos los argentinos.
Según Estrada, al parecer, está muy mal que se utilicen recursos provinciales para las campañas sucias, pero muy bien que para el mismo objetivo se empleen recursos federales.
Un ataque contra el derecho de cada uno de nosotros
Estrada dice que lo que se le está haciendo a él se le hace a todos los salteños. «Mi sufrimiento debe ser el de todos». Es decir, Estrada se cree Jesucristo crucificado.Pero lo más interesante de este párrafo es la mención al derecho de «decir lo que pensamos y defender lo que creemos». ¿Pero sabemos lo que piensa Estrada? ¿Realmente Estrada defiende lo que cree? Hay una diferencia apreciable entre 'defender algo en lo que uno cree' y 'creer que uno defiende algo'. Me temo que el de Estrada es el segundo caso.
Uno puede «creer» -porque nadie lo prohibe- en la ablación genital femenina o en el genocidio, pero no por ello está autorizado a «defender» tales creencias. Hacerlo, expone a ciertas consecuencias de las que hay que hacerse cargo.
Lo que sabemos es que el diputado está siendo investigado (ahora imputado) por propalar información falsa, calumniosa y ofensiva a través de las redes sociales, pero no por propalar ideas o pensamientos en el recinto, en las comisiones, etc. Es decir, la investigación judicial no pone en entredicho su desempeño normal como legislador, sino sus presuntos excesos y abusos del cargo.
Si para «defender lo que creemos» es necesario mandar a crear perfiles falsos en las redes sociales y atribuir enfermedades, adicciones y vínculos con el narcotráfico a los opositores políticos, a lo que nos enfrentamos es a una persona sin ideas ni pensamientos; o, en el mejor de los casos, a una persona sin buenas ideas o buenos pensamientos. La impotencia política no puede justificar jamás el apartamiento de las leyes.
Sinceramente creo que es un sarcasmo que quien ha formado parte del gobierno de Urtubey en su tercer mandato se rasgue ahora las vestiduras por la posibilidad, ciertamente improbable, de que Sáenz haga lo mismo, o que se escandalice por la destitución de intendentes corruptos o vinculados con las mafias del narcotráfico, o que proteste por la sumisión de la justicia a los dictados del Gobernador. ¿Alguna vez oyó hablar Estrada de las turistas francesas?
Estrada torpedea a Sáenz por volver a utilizar el voto electrónico. ¿Pero no fue acaso Estrada ministro de Urtubey, el padre de aquel maléfico invento? Tal vez, cuando fue ministro, Estrada hizo algo para suprimir el voto electrónico. Si lo hizo, los salteños no nos hemos enterado.
Límites de la competencia de un legislador nacional
Pregunto: ¿Son Darío Monges, Benjamín Cruz, los narcopatrulleros, la fiscal Sofía Cornejo o el Intendente Municipal de Cerrillos, materias de las que se deba ocupar un diputado de la nación?¿Por qué atacar a la fiscal aludiendo a la eficacia de su trabajo?
Todos los anteriores son, evidentemente, asuntos de interés público y ciudadano, de los que el señor Estrada puede ocuparse, si quiere, como dirigente político opositor, pero jamás como legislador nacional. Mucho menos puede reivindicar para sí la inmunidad de opinión que protege a los cuerpos federales para decir lo que se le ocurra sobre estos asuntos, que ni de refilón entran dentro de las competencias excepcionales del Congreso Nacional.
Ahora bien, si «defender lo que uno cree» es lanzar acusaciones que pueden lesionar la honra de otras personas y mandar a crear perfiles falsos en las redes sociales para atacar a unos y a otros como si fuese un videojuego, ninguna de estas conductas está amparada ni por la libertad de expresión normal ni por la reforzada. Lo que no puede hacer un ciudadano de a pie tampoco puede hacerlo un legislador nacional. A menos, claro está, que se crea Dios.
Pienso que Estrada debe responder por esta «defensa» tan sui generis de lo que se supone son sus «ideas» y hacerlo con la misma valentía con que ahora denuncia la persecución que dice estar sufriendo. Porque si no lo hace, porque si lo suyo se limita a llorar y esparcir sombras sobre la fiscal, los salteños terminarán por darse cuenta de que su victimización no es sino una forma de atacar, desde donde no se debe hacerlo, a quien no nos cae simpático.
