Sin embargo, el «desorden» democrático, que tiene tanto de bueno como de inevitable, es un componente de la convivencia con el que es mejor no jugar, llevándolo a los extremos.
Pero nos debería preocupar muchísimo más cuando a las dos partes les interesa más el desorden y el caos que la gobernabilidad.
En los dos bandos que llevan días enfrentándose con pretensiones de pureza dialéctica en la Cámara de Diputados de la Nación solo he visto a barrabravas disfrazados de legisladores y a señoras aparentemente cultivadas pero con una boca de carrero. Unos y otras han convertido el recinto que debería servir de escenario para la más fina esgrima parlamentaria en una prolongación del tablón y el debate en una refriega callejera digna del Puente Pueyrredon.
Unos quieren imponer el desorden por la vía de los hechos, en las calles, y los otros quieren instaurarlo por la fuerza de las instituciones y las leyes. Ninguna democracia -permítaseme decir- sobrevive a esta mortal convergencia.
En apariencia, hay discrepancias, enfrentamientos, venganza, resistencia, acción y reacción, pero en el fondo hay un acuerdo muy fino pero difícil de detectar entre tanto ruido y tantos gritos: es el acuerdo que da vida la Sociedad del Caos, una empresa del Estado que jamás se privatizará, aunque la participación no-estatal está plenamente garantizada.
Frente a esta siniestra corporación del mal, parece ridículo hablar de democracia o de Estado de Derecho. Si no conseguimos ponernos de acuerdo en lo que significa «libertad», lo más probable es que cada uno entienda el significado de «democracia» como más le convenga, y que las leyes y sus procedimientos de elaboración solo sean herramientas para conseguir sus maléficos fines y santificar sus intereses particulares.
Unos intereses que -curiosamente- son los mismos en uno y otro caso, pero que ni juntándolos se aproximan al ideal del interés de todos, que es el que obsesivamente tiene que perseguir la democracia.
