El federalismo que se practica en nuestro país consiste en que el poder central acapare todos los recursos posibles (no solo económicos, sino también políticos y culturales) y que con ellos «asista» a las provincias, más o menos graciosamente. Las provincias no controlan al poder federal; es este el que controla a las provincias.
Pero, más que una señal de alarma, esta realidad debe ser entendida y valorada por los ciudadanos como la admisión de un fracaso mayúsculo o la constatación de una irresponsabilidad política que no tiene ninguna otra explicación, más que la temeridad o la ligereza de quienes han aceptado de buen grado esta enorme y desventajosa desproporción.
Los vaivenes de la política nacional exponen ahora a las provincias -especialmente a las más dependientes- a sufrir severos recortes en los fondos que venían recibiendo. Quizá lo peor sea que este recorte ha sido planteado en los últimos días como un castigo, o quizá mejor, como una represalia dirigida contras las provincias cuyos legisladores nacionales no voten a favor de las leyes que propone el gobierno nacional.
Frente a esta situación, el gobierno y los políticos de Salta han puesto el grito en el cielo.
Pero ¿tienen derecho a quejarse?
Pienso que se debe reaccionar de una forma contundente frente a las amenazas del «big brother» federal. La posición subordinada de las provincias no autoriza al poder central a practicar el «bullying» contra los más débiles, pues de ellos y de nadie más derivan su legitimidad y su existencia. El Estado federal -concebido en la Constitución nacional como «mínimo y excepcional»- solo existe porque las provincias, que conservan todo el poder no delegado, así lo han decidido. Por tanto, no puede volverse en contra de quienes le han dado vida.
La presión sobre los diputados nacionales es inadmisible, porque el poder central, cuando la ejerce, parte de la errónea suposición de que estos legisladores son embajadores o vicarios del Gobernador de las provincia que los ha elegido. No hay ni puede haber diputados «de» tal o cual Gobernador. Sería humillante que los hubiera y que se los chantajeara por ello. Todos los electos representan al conjunto del pueblo de la Nación, con independencia del lugar en donde hayan sido elegidos o al partido al que pertenezcan.
Pero pienso también que aquellos que durante años enteros han venido practicando la sumisión al poder central, cohonestando sus métodos discriminatorios y antujurídicos y tolerando los excesos territorialistas, carecen de cualquier legitimidad para oponerse ahora a los recortes. Porque si el poder central amenaza con tanta soltura y naturalidad con dejar a las provincias «sin un peso», es porque los que ahora se sienten amenazados han fracasado estrepitosamente a la hora de defender la autonomía provincial y, por comodidad, han profundizado la dependencia.
De esta situación, por tanto, debieran avergonzarse no solo los amenazadores sino también los amenazados.
