El filósofo consideraba a la «anomia boba» como distintiva de la práctica social argentina, como un rasgo indeleble de nuestro peculiar carácter nacional. La contrapuso entonces a un ideal alternativo, basado en la cooperación y la discusión pública, sostenido en normas, respetadas y compartidas, que Nino -citando al filósofo noruego Jon Elster- consideraba como «el cemento de la sociedad».
Ls normas que tenemos no se cumplen, no tanto porque los sujetos obligados no las tomen en serio, sino porque dejar de cumplirlas proporciona un cierto «status» y nos hace merecedores de un perverso prestigio. El que paga los impuestos, el que no contamina, el que observa las señales de tráfico y, especialmente, el que gobierna o dirige una empresa sin abusar de su poder y sin transgredir las normas que lo limitan, es invariablemente contemplado por sus semejantes como una amenaza para «el sistema».
Pero las leyes están ahí, y aunque no se cumplan, hay que reformarlas para que el país -dicen- salga adelante. Si nuestro Ordenamiento jurídico fuese verdaderamente «el cemento de la sociedad», como decían Elster y Nino, no bastaría con una motosierra: haría falta un martillo neumático.
Lo que intenta el gobierno sin embargo (con el Decreto 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus) no es echar abajo el precario edificio jurídico de nuestro país con herramientas pesadas sino tumbarlo con un breve soplido, cual si se tratara de un castillo de naipes. No es tanto un asunto de energía empleada sino de tiempo. Para el gobierno, mientras menos tiempo lleve cambiarlo todo, mejor.
«Si casi nadie cumple la ley, qué más da reformarla», piensan los adalides de esta inédita ofensiva reformista. Además, ¿qué puede salir mal si mezclamos en un mismo instrumento la ultraactividad de los convenios colectivos con el Fondo Nacional de las Artes, la reventa de entradas deportivas con la extensión a ocho meses del periodo de prueba en los contratos de trabajo?
Ayer, el DNU de Milei obtuvo su primer baño de realidad, con la decisión (cuestionable, por supuesto) de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que estimó un recurso de la CGT (uno de los pilares más sólidos de nuestra «anomia boba») para suspender la aplicación de las medidas laborales del Decreto 70/2023.
La CGT prefiere que se sigan incumpliendo las leyes viejas, pero no quiere ver ni en pintura cualquier ley que pudiera sustituirlas. Y ha encontrado en los tribunales del orden jurisdiccional del trabajo (la usina ardiente de la industria del juicio, cómplices declarados de las rigideces absurdas del mercado de trabajo) a su aliado ideal, al que le proporciona el cobijo que buscaba y el que su proverbial inmovilismo necesita.
Creo, como Nino, que la anomia no se combate con leyes nuevas y menos por unas que parecen haber sido hechas apresuradamente y con ánimo de revancha ideológica, mezclando reformas necesarias y urgentes con pequeños ajustes de cuentas y excentricidades propias de ciertos juristas frustrados.
No se puede soñar con pasar, en pocos días de un hiperlegalismo ineficaz a un hiperlegalismo voluntarista, cegados por la convicción de que en la sustitución rápida y radical de las normas que tenemos se encuentra la clave del éxito de la operación de rescate del país y el final de su decadencia.
