El daño que provocan los que hablan de 'trabajo genuino'

Hace tiempo que vengo insistiendo en la idea de que la expresión «trabajo genuino» es formal y sustantivamente incorrecta, puesto que lo que se oponen a ella son conceptos jurídicamente imposibles como los de «trabajo falso», el «trabajo inauténtico» o el «trabajo ilegítimo».

Corresponde decir ahora que la expresión es también discriminatoria, puesto que si «trabajo genuino» se emplea para distinguir entre las diferentes fuentes de renta y, más concretamente, para dejar fuera del concepto a las ayudas que reciben los perceptores de los llamados «planes sociales», lo que estamos haciendo no es mejor cosa que estimagtizar a quienes, sin culpa de su parte, obtienen sus rentas sin «trabajar», en el sentido más corriente de esta expresión.

Hablar de «trabajo genuino» como categoría comparativa respecto de otras formas de trabajo o de generación de rentas conduce al poco satisfactorio resultado de que la sociedad considere a los perceptores de planes sociales como parásitos improductivos en vez de ciudadanos de pleno derecho, como sujetos injustamente protegidos o como personas que viven «a costillas de su prójimo» .

Pero aunque la expresión «trabajo genuino» no tuviera antónimos tan poderosos como los que he citado más arriba, su empleo acrítico, tanto por los gobiernos como por los investigadores, revela que, contra toda evidencia, seguimos asumiendo que el empleo asalariado es la norma, y que las otras formas de trabajo (calificadas por ejemplo con los adjetivos «genuino», «informal», «doméstico» o «no remunerado») son atípicas, excepcionan la norma y, de algún modo, resultan no deseables para quienes desean disfrutar del respeto de sus semejantes.

Lo que perdemos de vista cada vez que utilizamos expresiones como esta (sobre todo, cada vez que el gobierno las emplea) es que la forma en que las personas piensan sobre el «trabajo» o la «ocupación» difiere cada vez más de la realidad cotidiana que una mayoría bastante significativa de estas personas enfrenta en casi todo el mundo.

El predominio del trabajo asalariado (el legalmente codificado) en las políticas sociales y en las visiones políticas del futuro solo acarrea consecuencias dañinas para nuestro sistema social.

Así lo demuestra, al menos, la experiencia del gobierno de Salta con la promoción de sectores económicos como la minería o el turismo. La obsesión por crear trabajos de este tipo produce políticas sociales que excluyen a los trabajadores no asalariados y predispone a la formulación de programas educativos que priorizan la formación de competencias para puestos de trabajo que no existen, o que, de llegar a existir, serán notablemente escasos.

Al mismo tiempo, este enfoque, en la medida en que tiende a privilegiar a toda costa un modelo que se encuentra en crisis desde hace por lo menos cinco décadas, frena el desarrollo de programas redistributivos más inclusivos, como las transferencias monetarias incondicionales, que responden mejor, desde luego, a la realidad de la vida de millones de personas que jamás tendrán la oportunidad que esperan y se merecen en los mercados de trabajo tradicionales.

Los desarrollos más recientes en la organización de la producción han dado como resultado una apreciable disminución del empleo asalariado en gran parte del mundo. Algunas formas históricas de trabajo precario, como el que se desarrolla en el ámbito de la agricultura de subsistencia o en pequeños mercados locales se han visto afectadas por oleadas más recientes -y si acaso- más intensas de precarización. Este fenómeno, por sí solo, ha incrementado la proporción de población activa insegura, pobre y sin protección social, en casi todo el mundo. Los gobiernos, todavía deslumbrados por los brillos cada vez más tenues del trabajo asalariado característico de la era industrial, no han reaccionado sin embargo ante estos desafíos.

Pero sucede también que la explosión de las tecnologías digitales que ha tenido lugar en las pasadas dos décadas, ha facilitado también la aparición de nuevas formas de trabajo precario. Las dimensiones de este fenómeno paralelo se pueden comprobar con solo examinar superficialmente la extensión de la expresión «gig economy», que comprende -sin excluir a otras formas de empleo autónomo- a una cada vez mayor cantidad de trabajadores que generan riqueza a través de plataformas on line, o basadas en la nube, y que compiten entre sí en un mercado de trabajo planetario, cada vez más abierto y exigente, como menos protegido.

Así pues, concentrar los esfuerzos de los gobiernos en la protección de un modelo de trabajo, que según la OIT ya solo ejerce menos de un tercio de la población mundial en edad de trabajar, es un claro error, una forma innecesaria de hipotecar nuestro futuro.

Para superar esta situación, podríamos comenzar por erradicar del lenguaje gubernamental la infeliz expresión «trabajo genuino», porque no solo es incorrecta y discriminatoria en el sentido que ya hemos expresado antes, sino también porque contribuye a que los propios beneficiarios de las transferencias monetarias incondicionales sientan que su aportación al progreso social es marginal o, incluso, nula.

Parte de la culpa la tiene el hecho de que el ideal del trabajo asalariado proyecta todavía una larga sombra, hasta el punto de que muchas personas (entre ellos, muchos perceptores de ayudas sociales) sueñan con un empleo tradicional, incluso en lugares en donde este tipo de trabajo ha sido escaso durante mucho tiempo.

Nuestra obligación como ciudadanos consiste, pues, en evitar que las personas que obtienen rentas sustitutivas (porque no pueden acceder a un empleo cuya escasez es notoria) consideren al trabajo asalariado como una fuente de dinero más legítima, así como la base (probablemente única) del bienestar social, psicológico y físico.