La contribución que un sistema oficial y público de información judicial de calidad -mantenido con el esfuerzo de todos los ciudadanos- efectúa a la democracia es importante, pero solo en la medida en que dicha información permita conocer los criterios de actuación de los tribunales, los esfuerzos de jueces y juezas por hacer primar las normas fundamentales y tutelar las libertades, las decisiones encaminadas a mejorar y a modernizar la administración de justicia y, en definitiva, que permita escrutar y valorar los principios sobre los que se asienta una actividad que -muy lejos de ser un «servicio público», como sostienen algunos- es fundamental para la existencia misma del Estado.
Al contrario, este espacio informativo se ha convertido de un tiempo a esta parte en un escaparate para la glorificación personal de los jueces que integran el Tribunal, de quienes todos los días se destaca, no su contribución a la realización del valor superior de la justicia sino sus presuntos aciertos en actividades marginales, como su participación en cursos y conferencias, o sus frecuentes úkases, como supremos e incontrolados gobernadores del aparato judicial salteño.
La información penal
Pero al lado de esta información que en el fondo no es más que una campaña de imagen (como la que hace el gobierno con sus funcionarios), la Corte de Justicia de Salta suministra información sobre sucesos delictivos que acontecen en los niveles más bajos de nuestra sociedad. En otras palabras, que la prensa judicial salteña se ha convertido -y esto hay que subrayarlo con gruesos trazos- en la «página de policiales» que cualquier medio sensacionalista querría tener.Esta no es, si se me permite, la utilidad que los ciudadanos esperamos del servicio de prensa de un tribunal tan importante como la Corte de Justicia.
Los partes diarios de información pública del Poder Judicial salteño no incluyen, a diferencia de otros servicios nacionales, provinciales e internacionales, copia de las resoluciones adoptadas por los tribunales ni reseñas de su jurisprudencia, y utilizan un criterio selectivo al mencionar el nombre de unos magistrados y ocultar convenientemente el de otros. Además, contienen, muy esporádicamente, resúmenes sobre asuntos civiles y mercantiles en los que los jueces, creyendo aportar criterios novedosos para resolver una controversia, solo repiten argumentos estereotipados sin ningún valor doctrinal o científico.
Esta información, que en un momento tuvo algún valor «judicial» o de utilidad democrática para los ciudadanos, hoy no es más que una crónica policial que no ahorra en detalles escabrosos así como tampoco intenta evitar, por decoro, el empleo del lenguaje de los bajos fondos.
Dejando a un lado el hecho de que la información penal de la Corte de Justicia abunda en temas de escaso interés público (robo de garrafas y padrastros que abusan de sus hijastras) y al mismo tiempo guarda un calculado silencio cuando se trata de grandes escándalos políticos o de crímenes horrendos cometidos por «miembros prominentes» de la sociedad, lo que resulta sumamente grave es que esta misma información contiene cada vez menos elementos para evaluar la actuación de los jueces y tribunales, y cada vez más elementos y detalles que sirven para juzgar, por fuera del proceso, la conducta de personas involucradas en los fantasiosos hechos relatados.
Para muestra basta un botón
Ayer, sin ir más lejos, la Corte de Justicia de Salta difundió una información titulada Grooming y coacción: Será juzgado por acosar a una joven de 16 años por whatsapp.Esta singular «pieza informativa» se convirtió en la más extensa de todas (entre diez) publicadas por el servicio de prensa judicial el viernes 20 de octubre de 2023.
El despacho en cuestión está compuesto de quince párrafos, uno solo de los cuales (el último) se refiere a una actividad judicial señaladamente intrascendente, cual es la decisión de una Jueza de Garantías de la ciudad de llevar a juicio a un presunto acosador cibernético de menores.
Los catorce párrafos restantes están dedicados a una detalladísima crónica del suceso en el que una joven cae en las redes de unos presuntos extorsionadores. La Corte de Justicia de Salta relata pormenorizadamente cómo la chica accede a fotografiarse primero en ropa interior y luego desnuda, para favorecer a sus extorsionadores; cómo se cita con ellos en un lugar público y cómo finalmente la Policía les echa el guante.
Relata también -y esto es insólito por la normalidad con que se lo cuenta- que el padre de la presunta víctima decidió en un momento hacer “justicia por mano propia”. Tal vez sea esta la idea de “justicia” que el sistema de comunicación de la Corte de Justicia de Salta intenta transmitir a los ciudadanos.
Esta noticia constituye un acabado ejemplo de la renuncia de la Corte de Justicia a suministrar información pública de calidad, relevante para el proceso democrático y, al mismo tiempo, útil para conocer las preocupaciones y desvelos de los hombres y mujeres que todos los días intentan, mediante la aplicación de la ley, que nuestra sociedad funcione mejor.
Es paradójico y triste también que los mismos que intentan convencer al gran público de los cuantiosos beneficios del “lenguaje claro” sean los primeros en claudicar y caer en este tipo de excesos, que no solo rebajan innecesariamente la estatura moral e institucional de los órganos judiciales, sino que contribuyen -además de forma decisiva- a sustraer al lenguaje que usamos para comunicarnos su precisión y su calidad.
