¿Qué clase de ciudadanos produce nuestra economía?

Tengo la impresión de que los candidatos, al igual que la gran mayoría de los ciudadanos, tal vez de modo inconsciente, trazan una línea divisoria tajante entre los dominios de la política y de la economía, sin reparar en que el sistema económico es el que decide, en buena medida, la clase de ciudadanos que conforman nuestra república y dan vida a nuestra democracia.

Sostengo que nuestra economía -sea la peronista (intervencionista y prebendaria), sea la no-peronista (desreguladora y aperturista)- lo único que ha conseguido es forjar a ciudadanos egoístas, solo preocupados por su bienestar personal, que persiguen su propio interés y que, por todo ello, no se sienten parte de un conjunto relativamente homogéneo ligado por un destino común, sino integrantes de una sociedad dividida entre ganadores y perdedores, que poco tienen en común, excepto el deseo de «pasar al frente».

La división entre «winners» y «losers» no ha hecho más que agrandarse en las dos últimas décadas. La famosa «grieta» nace en realidad de nuestro irreflexivo acostumbramiento a la fractura social, que envenena nuestra política y que hace cada vez más difícil que nos entendamos los unos con los otros.

En términos un poco más complejos, se podría decir que esta división nos ha impedido cultivar una identidad nacional que nos permita alimentar nuestro sentimiento de comunidad y sostener nuestros mecanismos de integración económica y política.

En mi opinión, la forma en que está diseñada nuestra economía es lo que determina que el protagonismo político lo ejerzan hoy unos ciudadanos incapaces de sostener el edificio republicano; unos ciudadanos que, a la hora de intentar resolver los asuntos que preocupan a todos, solo muestran polarización y desconfianza.

La desconfianza hacia la política no nace, como muchos creen, de la ineficiencia y de la corrupción, ni de los privilegios de lo que llaman «la casta», sino más bien de la sensación, bastante extendida por cierto, de que nuestras instituciones políticas son en gran medida incapaces de someter al poder económico a controles democráticos. Es esta sensación la que hace que haya ciudadanos que no se identifican los unos con los otros y no se reconocen como partícipes de un proyecto común de país.

La disgregación nacional comienza, pues, por la economía o, para mejor decir, por la actitud de los ciudadanos frente al sistema económico, por sus expectativas y sus deseos.

Influye en esta percepción el hecho de que los ciudadanos advierten sin esfuerzo que el poder político ha sido colonizado por grandes grupos de interés (o, como en el caso de Salta, por oligarquías familiares en plena decadencia) que arrinconan al ciudadano medio y no le dan ninguna oportunidad de opinar ni de participar en los procesos de adopción de las decisiones de gobierno.

Es el poder económico que no rinde cuentas democráticas el que promueve la polarización y estimula las batallas culturales irresolubles en la que los ciudadanos se enzarzan, solo para hacerles creer que «participan» de los asuntos importantes, cuando en realidad estas batallas son una forma sofisticada de distracción. La polarización, la falta de rendición de cuentas y la dispersión de la atención ciudadana se dan la mano para desempoderar la política democrática.

Por eso es que pienso que nuestro sistema económico no debe plantearse solamente reformas para ampliar la riqueza o para distribuirla mejor (dos debates excluyentes) sino para que cada ciudadano, en lugar de sentirse solo un espectador -y, con suerte, un dócil consumidor- tome las riendas de las decisiones económicas fundamentales, que hoy están en manos de una oligarquía afortunada que mantiene secuestrada a la política democrática.

Liberar a las instituciones democráticas, a través de la reforma de la economía, es el paso crucial que estamos omitiendo (ningún candidato propone algo como esto) para empoderar de verdad a los ciudadanos, para hacer que su foco de atención vuelva a centrarse en las cosas que realmente importan, de forma tal que se conciban a sí mismos como participantes activos de una vida pública compartida.

Normalmente nos preocupan las consecuencias sociales del capitalismo pero no sus consecuencias cívicas. Las correcciones que se intentan practicar en el sistema económico -a través del subsistema fiscal, el subsistema de relaciones del trabajo o el subsistema del bienestar- tienden a descuidar la dimensión ciudadana de los problemas económicos, al hacer cundir la falsa convicción de que nada más se puede hacer para que -además de ser más ricos o menos pobres- seamos mejores ciudadanos y contribuyamos a erigir un gobierno auténticamente democrático.

La economía que practicamos es perversa, en el sentido de que no solo nos expropia nuestra fuerza de trabajo, nuestra creatividad y nuestro talento, sino que nos distrae; es decir, anula calculadamente nuestra capacidad para mirar los acontecimientos con paciencia y sin distracciones y así aportar a una auténtica deliberación democrática, que poco o ningún valor tiene cuando la protagonizan ciudadanos distraídos o hiperinformados en asuntos sin ninguna trascendencia política o de importancia meramente aparente.

Debemos, por tanto, superar la idea de que la única finalidad de la economía es la de maximizar el bienestar de los consumidores. Es esto lo que hoy en día cree una mayoría de argentinos, que se escandaliza hasta niveles insospechados cuando un político corrupto se exhibe en un yate que recorre la Costa del Sol, pero que en el fondo quisiera hacer lo mismo que él, en muy variadas condiciones legales y morales. Pero somos algo más que consumidores en busca de felicidad: también somos ciudadanos democráticos.

Aun cuando todas nuestras necesidades estuviesen cubiertas y llegásemos a solucionar milagrosamente el drama de la pobreza, si no somos capaces de controlar democráticamente al poder económico, nuestra vida estará siempre incompleta. Solo como consumidores -aun como consumidores empoderados- no lo lograremos nunca.

Cuál sea el orden económico más adecuado para apuntalar un proyecto de país en que las decisiones económicas estén permanentemente sometidas a control democrático es y será objeto de controversia. No es propósito de este artículo decantarse por un orden particular.

Si acaso, la intención de quien estas líneas suscribe es simplemente llamar la atención sobre las peligrosas lagunas en el discurso de los principales candidatos, que creen que la economía y la política discurren por carriles separados y que las decisiones en materia económica no tienen mayores consecuencias sobre nuestra actividad como ciudadanos de una república democrática.

Y convocar también a las reformas. A perderles el miedo. A no cerrar autoritariamente las puertas al cambio. Y a pensar muy seriamente si nuestra tradición cívica -aun precaria e intermitente, como lo es- puede o no constituir el punto de partida para imaginar una alternativa a la argumentación económica en boga, una alternativa que suponga que los ciudadanos tendremos, de algún modo, el control de las fuerzas que gobiernan nuestras vidas y que hoy deciden, sin la participación nuestra, si vivimos bien, mal o regular.

En épocas de normalidad podemos darnos el lujo de articular relatos y discursos oscuros, pero los tiempos difíciles nos obligan a cierta claridad. Lo peor que podemos hacer en circunstancias tan complicadas como las que vivimos es complicar las cosas aún más, enredarlas y oscurecerlas, como parecen estar haciendo algunos candidatos, que ven en la complejidad una oportunidad de concretar sus designios. Debemos replantearnos ciertas cosas casi desde sus mismos cimientos y analizar -en lo posible, lejos del ruido mediático y de las disputas coyunturales- si nuestra sociedad dispone o no de aquellos principios fundamentales que nos abocan y predisponen a una reflexión crítica.