La política y las normas jurídicas frente al desafío del independentismo catalán

El jefe del Estado ha cumplido así con su cometido constitucional, a pesar de que le ha sido imposible dialogar con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pues los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes se han negado a reunirse con el rey, como se negaron en la anterior ronda de consultas.

Los votos de estas formaciones son precisamente los que ha invocado Pedro Sánchez para asegurarle al rey que cuenta con al menos 179 apoyos en el Congreso de los Diputados (tres más de los que necesita para convertirse en Presidente del Gobierno), aunque el jefe del Estado de ningún modo ha podido comprobarlo.

Sin embargo, el apoyo de los nacionalistas vascos (PNV y Bildu) y los independentistas catalanes (Junts pel Sí y Esquerra Republicana de Catalunya) a la investidura de Sánchez no está asegurado en un cien por cien, como a estas horas parece que tampoco lo está el de la formación ultraizquierdista Sumar, cuarta fuerza en número de escaños en el Congreso de los Diputados español.

Todo dependerá de la actitud que asuman los 121 parlamentarios del PSOE en relación con dos temas muy delicados: 1) la posible amnistía a los delitos cometidos en 2017 por los independentistas (y el perdón a los prófugos de la justicia que han huído al extranjero) y 2) la posible convocatoria a un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Ayer, el presidente Sánchez negaba haber cambiado de postura en relación con la inconstitucionalidad del referéndum que pretenden los independentistas, pero al mismo tiempo -y aunque el asunto jamás fue mencionado ni en su programa electoral ni en la campaña para las últimas generales- dejaba la puerta abierta a alguna fórmula -todavía no revelada- que permita «perdonar» a los que atentaron contra el orden constitucional y allanar así el camino para el regreso a territorio español, sin cargos, de los huídos que eludieron la acción de la justicia, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza.

El problema es que tanto los socialistas de Sánchez como los independentistas de Puigdemont y los de Esquerra han venido defendiendo en las últimas semanas una «solución política» a lo que (ya desde los dos lados) llaman «el conflicto de Catalunya con el Estado español», solución que no significa otra cosa que dejar de lado, como si no existieran, a la Constitución española (que eminentes juristas catalanes contribuyeron a elaborar en 1978) y al Estatuto de Autonomía de Catalunya.

Por diferentes vías y en momentos también diferentes, tanto socialistas como independentistas han dejado claro que las normas jurídicas no solucionan el problema, ignorando que la Constitución, el Estatuto de Autonomía, así como el resto de las leyes que ordenan la relación entre el Estado y las autonomías son normas jurídicas. Normas sí, pero producto de negociaciones y equilibrios políticos; o lo que es lo mismo, son soluciones políticas adoptadas de antemano.

De algún modo, ambas partes han expresado su desprecio por las normas, con el argumento de que la política está incluso antes que la Constitución y la ley, y que cuando las circunstancias políticas cambian, cuando las mayorías se alteran, se puede cambiar los equilibrios y la configuración de las relaciones, por la simple voluntad política «democrática», sin modificar ni la Constitución ni la ley.

Por eso es que ha llamado mucho la atención que ayer se haya conocido que juristas del PSOE están buscando que la futura ley de amnistía encuentre «anclaje» en la jurisprudencia europea; esto es, que se justifique en criterios jurídicos elaborados por los tribunales europeos. Pero ¿cómo? ¿Acaso el «problema» catalán, como ellos lo llaman, no era político?

Si la resolución del problema pasa por la aplicación de normas jurídicas, entonces ¿por qué no se aplica la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía primero?

En los últimos seis años, ningún tribunal de justicia español le ha dado la razón al fugado Puigdemont, y tampoco se la han dado los más importantes tribunales continentales, a juzgar por la reciente confirmación del levantamiento de la inmunidad como europarlamentario decidido por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y de la más que probable desestimación del recurso que el mismo Puigdemont ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Por tanto, de aprobarse en España una norma para declarar el olvido de los delitos de 2017 y extinguir la acción penal (a pesar de que la amnistía no está contemplada como causa de extinción en el vigente Código Penal español), esta norma estaría no solo en contra de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Catalunya y las demás leyes, sino también de las normas y criterios doctrinales de los tribunales europeos.

Jamás en España se han concedido amnistías sino a la salida de gobiernos autocráticos, como sucedió en 1977. Algunos juristas entienden que solo se pueden amnistiar en España delitos políticos y que, por definición, estos delitos no se pueden cometer bajo un régimen democrático.

Pero la búsqueda obsesiva de algún amparo jurídico razonable para la amnistía (es decir, algo que vaya más allá del simple capricho de una mayoría política) parece confirmar que las «soluciones políticas» y la apelación retórica a la «democracia» en un posible referéndum de autodeterminación son claramente insuficientes para lograr que una decisión de semejante calado encaje en el Estado de Derecho.

Evidentemente, la política no lo puede todo, sobre todo cuando hay quienes se muestran dispuestos a defender la Constitución frente a los ataques de una mayoría circunstancial, que por muy democrática y por muy legítima que sea, no parece que sea capaz de hacer que su voluntad se coloque por encima de las normas que han sido acordadas entre todos para hacer posible la convivencia.