Sin embargo, el diputado provincial señor Germán Rallé ha clavado los dardos en el Poder Judicial. Este legislador ha dicho en una entrevista que «se busca que dentro de cualquier escrito judicial esté el texto escrito de manera correcta y que haya una salvedad [sic] en un lenguaje coloquial para que pueda ser interpretado por cualquier persona».
El artículo 3º de este extravagante e irrespetuoso proyecto dice que las sentencias de los jueces salteños deben contener un texto personalizado. Otro insulto, puesto que lo que se le está diciendo a los jueces es que sus sentencias contienen generalidades, vaguedades e inconcreciones que resultan inaplicables al litigio y a las partes que lo protagonizan o que directamente se van por las ramas. Nada más lejos de la realidad: todas las sentencias son textos personalizados, porque los jueces no están autorizados a razonar en abstracto y sobre generalidades sino sobre realidades bien concretas.
En más de 35 años de profesión, he leído seguramente miles de sentencias, la mayoría de ellas de jueces y tribunales salteños. Desde las mejor elaboradas a las menos, desde las más «claras» a las más crípticas, desde las más justas y respetuosas del Derecho hasta las menos. Y creo que en ninguna de ellas he encontrado a un juez o a una jueza que emplee mal la palabra «salvedad», como lo hace este diputado que pretende obligar a los jueces a escribir «bien».
No quiero imaginar el desastre que se podría llegar a producir en los tribunales, la avalancha de nulidades procesales y la pérdida de autoridad en que incurrirían los magistrados si se les obliga a redactar siquiera una parte de sus sentencias en lenguaje «coloquial»; es decir, con palabras y expresiones propias de una conversación informal y distentida. Cualquier justiciable podría echar abajo una sentencia en cualquier momento, solo con la excusa de que el lenguaje «coloquial» escogido por el juez no es de su completo agrado o no es lo suficientemente barriobajero.
Si lo que pretenden los diputados, con el señor Rallé a la cabeza, es «descontracturar» los procedimientos judiciales, deberíamos empezar por cerrar la Ciudad Judicial y celebrar las audiencias en el rancho El Chañarcito o en la barra de cualquier bar, sin estrados, sin banderas, sin corbatas, con cervezas de por medio y citando a L-Gante en vez de a Vélez Sarsfield.
Y si lo que buscan es que a las sentencias judiciales «las entienda cualquier persona», antes de sancionar una ley de «lenguaje claro» deberían derogar el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta, que obliga a que los escritos judiciales lleven la firma de abogado; es decir, que establece de modo bastante solemne que la intervención de los letrados en los procedimientos es obligatoria y su ausencia provoca la inadmisibilidad de los escritos.
¿Por qué no obligamos también a que los médicos utilicen en las historias clínicas que escriben expresiones como «almorranas», «golondrino», «sobaco» o «culebrilla»? ¿Alguien se imagina a un médico que en vez de decirle a una mujer «usted cursa un embarazo de cinco semanas» le diga «usted está preñada, señora»?
El llamado «lenguaje claro» es simplemente una aspiración, un ideal que no se puede imponer por ley, como no se puede obligar a las personas a ser cultas o aseadas. Por supuesto que sería deseable que nuestros jueces elevaran el nivel de sus pronunciamientos (una justicia impartida con lenguaje pobre es menos justicia), pero hay que ver con cuidado quién entre nosotros tiene la autoridad suficiente para juzgar cuándo el lenguaje judicial es «claro» o es «correcto» y cuándo no lo es.
Desde luego, carece de autoridad en esta materia un Poder Legislativo que se esmera en sancionar leyes defectuosamente redactadas y virtualmente inaplicables, que muchas veces obligan a los jueces a hacer piruetas para poder desentrañar su sentido. Cualquiera que quiera comparar la forma en que se escriben nuestras leyes y nuestras sentencias podrá concluir conmigo en que los jueces salteños son Cervantes al lado de los legisladores.
Cuando un justiciable comparece ante los tribunales (nadie lo hace por gusto), no espera que los jueces pongan fin al proceso escribiéndole una carta para contarle sus sentimientos a la hora de declarar y aplicar el derecho. Pero cuando lo han hecho, han sustituido el rigor del lenguaje jurídico por un estilo folletinesco que solo es útil para que el servicio de prensa de la Corte de Justicia pueda jugar su papel de hoja parroquial de sucesos y crímenes de alcoba, cuando no para practicar el amarillismo más descarado.
La buena redacción de las resoluciones judiciales no precisa de una ley sino de formación y de más formación. La cultura jurídica no se impone por decreto. Los jueces mejor formados saben cómo hacer su trabajo sin que venga alguien de afuera a decirles lo que está bien y lo que está mal. Los jueces menos formados tienen a su disposición la Inteligencia Artificial, tanto para tomar decisiones, como para dejarlas bien expresadas en un escrito. Con su insultante desconfianza, el diputado Rallé no solo proyecta sombras sobre la cultura de los jueces, sino también sobre la potencia de las nuevas tecnologías.
Si bien los jueces salteños no cursan una carrera específica, como sucede en otros lugares del mundo, al menos todos son abogados; es decir, técnicos en Derecho. Por el contrario, a los legisladores no se les exige estar en posesión de conocimiento alguno y no superan ninguna prueba de idoneidad, como sí lo hace el 95% de los jueces.
Para obligar a «escribir bien» hay que demostrar que uno es capaz de hacerlo mejor. Y me temo que este no es el caso de los diputados que intentan aprobar este proyecto.
