Pero lo ha sido con grandes aspavientos por aquellos que, muy recientemente, han acudido a los tribunales para silenciar a comunicadores que no les caen bien.
Paradójicamente, el argumento que han esgrimido estos enemigos de la libertad y la democracia es el del sacrosanto valor democrático de la libertad de expresión.
Sin embargo, quienes están atacando tan precioso derecho no son los diputados provinciales sino ellos mismos: políticos y políticas con la piel muy fina que controlan medios de comunicación muy antiguos y convencionales, que no quieren que se los critique, que se hable mal de ellos y que se publiquen noticias que no pueden controlar.
Ser miembro de asociaciones nacionales e internacionales de periodistas y de medios de prensa desde hace décadas no garantiza en modo alguno que un medio de comunicación y sus directores responsables estén sincera y activamente comprometidos con la defensa de las libertades de expresión, de opinión, de información y de prensa.
Antes al contrario, -en el caso particular de Salta- la pertenencia a este tipo de asociaciones siempre ha sido una pantalla para disimular los comportamientos más sectarios y liberticidas, como por ejemplo la cerrada defensa de gobiernos ilegítimos. Así ha ocurrido en 1962, 1966 y 1976.
Los diputados provinciales de Salta han cometido un error imperdonable, pero su pecado nunca será tan grave como el de aquellos que desde sus viejas computadoras cacarean la libertad de expresión y se inmolan en la pira de la pureza democrática, mientras que, por debajo de los gritos y las supuestas indignaciones, mandan a callar, con dinero o con amenazas judiciales, a quienes la ejercen en una dirección contraria a sus propios intereses.
