Por qué en Salta retrocede la libertad de prensa a mayor velocidad que en otros lugares

Este proceso ha sido acompañado por un veloz incremento del número de democracias iliberales; es decir, de regímenes en los que, aunque se celebran elecciones populares periódicas, sistemáticamente se impide a los ciudadanos acceder al conocimiento pleno de las actividades de quienes ejercen el poder real, lo que normalmente se consigue mediante un estratégico recorte de las libertades civiles.

En las sociedades abiertas, la libertad de prensa -junto con la libertad de expresión y la de reunión- conforman los pilares de la democracia liberal. La razón por la cual estas tres libertades se encuentran consagradas en el máximo nivel normativo (las constituciones y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos) no es otra que la de impedir -o hacer extremadamente difícil- que una mayoría circunstancial, valiéndose de su poder de reformar la legislación ordinaria, limite estas libertades a su antojo, generalmente con el propósito de ignorar o anular la voluntad de las minorías.

El asunto es todavía más grave en aquellos espacios «democráticos», como la Provincia de Salta, en donde la mayoría de gobierno controla fácilmente a la Legislatura provincial y disfruta, por este motivo, de un acceso casi directo a la manipulación interesada de los textos constitucionales, como ha quedado demostrado a lo largo del año 2021.

Que existan o no normas superiores a la Constitución provincial que protejan las libertades civiles fundamentales no es un obstáculo para este propósito, puesto que el máximo intérprete de las normas provinciales, federales y supranacionales -la Corte de Justicia de Salta- responde también al gobierno y ejerce de garante de sus intereses de facción en el terreno jurídico, cuando en verdad debería proteger los derechos individuales de los ciudadanos y tutelar el interés general. Despojada de estas funciones políticas elementales, la Corte de Justicia provincial -que también ejerce de tribunal constitucional- carece de cualquier sentido y debería extinguirse.

Para calibrar la exacta medida del chapuzón iliberal de la democracia salteña basta con fijarse en el estado actual de la libertad de prensa.

Este estado se puede comprobar y valorar fácilmente a través de cuatro indicadores fundamentales:

1) La cantidad de pleitos y de medidas cautelares que los gobernantes han obtenido de los jueces con el objeto de impedir que los medios de prensa los critiquen;

2) la cantidad de «operaciones de prensa» lanzada por el gobierno para reforzar sus posiciones, hacer comprender sus razones y, generalmente, para justificar atropellos variados a la Constitución y a las leyes;

3) la cantidad de periodistas y de medios de prensa que, aprovechándose de las inseguridades de los gobernantes y de la falta de control adecuado de los recursos que manejan, extorsionan al gobierno y sobre la base de estos chantajes han erigido verdaderos emporios de la comunicación; y

4) la cantidad de periodistas que utilizan los micrófonos, las cámaras, los diarios y las páginas digitales para promocionarse personalmente y alcanzar lugares en las listas de candidatos de los partidos políticos.

En sistemas políticos más o menos parecidos al que rige en Salta se han producido algunos de estos cuatro fenómenos, pero no los cuatro al mismo tiempo, como viene sucediendo en nuestra Provincia desde 1995.

La instrumentalización de los medios prensa para servir a otros fines que no sean la ilustración ciudadana, la crítica razonada a los actos de poder y el favorecimiento de la rendición de cuentas ha degradado a nuestra democracia. Pero no solo ha logrado este resultado, sino que también ha contribuido a engordar a ciertos pulpos de la comunicación cotidiana, que previa renuncia a su compromiso con la verdad y al servicio público, han decidido privilegiar el crecimiento de su negocio.

Estos fenómenos se han producido en Salta a mayor velocidad que en otros lugares, por la sencilla razón que desde 1995 nos gobiernan personajes inestables, inseguros, obsesionados por la popularidad a corto plazo y dispuestos a ganar las elecciones a cualquier precio.

Las urgencias del poder han sido rápidamente correspondidas por un sistema de comunicación diseñado a la medida de la manipulación, desligado de cualquier compromiso ético o deontológico y dispuesto, como el que más, a influir en la opinión política sin importar las consecuencias.

En Salta es alarmante la cantidad de periodistas (hombres y mujeres) que viven de un sueldo del Estado y que, lógicamente, sirven como fieles esclavos al poderoso que los ha colocado al seguro abrigo del presupuesto público.

La poca prensa libre que existe en Salta se debate entre la intrascendencia, las penurias económicas o la filosofía distante, que, disfrazada de erudición, generalmente apela a trucos intelectuales para evitar cualquier compromiso con la verdad, entendida esta como combustible de la vida pública en democracia.

El último (pero no por ello menos importante) elemento que certifica el penoso estado de la libertad de prensa en la Provincia de Salta es la vitalidad editorial del diario El Tribuno, propiedad de la misma familia que, a través de varias generaciones, ha venido demostrado una incapacidad genética e irreversible para conducir la nave del Estado en provecho del conjunto de los ciudadanos, pero que, a través de subterfugios y de poses cada vez más incómodas, de tanto en tanto pretende dar lecciones a los ciudadanos libres de cómo defender la libertad de prensa y los derechos individuales en democracia.