La breve trayectoria de García-Mansilla en el máximo tribunal comenzó con su designación mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluyó la designación, para el mismo cargo, del juez federal Ariel Lijo, quien no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.
Pocos después de la votación, el Juez Federal de la ciudad de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar para que García-Mansilla se abstuviese de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.
A pesar de la medida cautelar, el gobierno nacional defendió la validez del decreto presidencial, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Este sábado, el Presidente de la Nación presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para anular la medida dictada por Ramos Padilla. Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal no habrían mostrado disposición a tratar el recurso, lo que dejó a García-Mansilla en una posición delicada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró públicamente que no existía ningún artículo en la Constitución que obligara a García-Mansilla a renunciar en estas condiciones. En la misma línea, el propio García-Mansilla ya había presentado un escrito ante Ramos Padilla defendiendo su nombramiento y argumentando que su remoción solo podría realizarse mediante un juicio político.
