En el banquillo de los acusados se sentarán los ciudadanos Ricardo Gutiérrez Conde -representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L.- y su hermano José Gutiérrez Conde, ambos acusados de un delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
La misma fuente consigna en su información oficial que Ricardo Gutiérrez Conde formuló en nombre de su empresa una oferta de venta en el marco de la contratación abreviada Nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos del gobierno provincial de Salta. El aludido procedimiento administrativo tenía por objeto la adquisición por el gobierno de dos camionetas, una marca Nissan y otra Renault.
Sin embargo, a pesar de que la oferta fue preadjudicada a Conde Automotores S.R.L. por 24.270.000 pesos y se emitió una orden de compra por la misma cantidad, los vehículos nunca fueron entregados.
La investigación de Salinas Odorisio reveló que José Gutiérrez Conde, hermano del denunciado, también es responsable de los hechos. Ambos -presuntivamente- recibieron la transferencia del dinero por parte de Tesorería de la Provincia, anularon las facturas de los vehículos y efectuaron transferencias a terceros, como las empresas Grandote S.A. y Clama S.A-, además de efectuar pagos a particulares.
Todo estas operaciones fueron realizadas mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor del gobierno provincial, y solicitaban un pago adicional injustificado con intenciones de retrasar la entrega.
Hasta el momento, ninguno de los vehículos ha sido entregado al comprador y, según la pericia contable realizada por el gabinete de delitos económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, la cantidad defraudada pasó de los 24.270.000 pesos en diciembre de 2022 a 124.713.822 pesos en mayo 2024, por ajustes de inflación.
