En fase de conclusiones, la Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la ciudad de Salta, señora Ana Inés Salinas Odorisio, pidió al tribunal condena de siete años de prisión para la acusada Daniela Alejandra Espinosa Paredes, a quien se atribuyen catorce delitos de falsedad de instrumento público y catorce de estafa.
Estas conclusiones han sido formuladas esta mañana por la fiscal ante el juez Pablo Farah, miembro integrante de la Tercera Sala del Tribunal de Juicio de Salta.
Sin embargo, el juez ha estimado parcialmente la petición de pena de la fiscal y ha condenado a Espinosa Paredes a cinco años y seis meses de prisión efectiva, mientra que ha absuelto al acusado Cruz por el beneficio de la duda. Según expuso la fiscal, la investigación permitió acreditar que los acusados utilizaban documentos oficiales con sellos y membretes de instituciones del Estado para perpetrar maniobras fraudulentas. De esta manera engañaron a personas que entregaron importantes sumas de dinero con la promesa de acceder a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV).
De acuerdo con la acusación, Espinosa Paredes y Cruz se hacían pasar por funcionarios públicos o aseguraban tener contactos en el IPV para gestionar adjudicaciones de viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Como parte del ardid, entregaban documentación con sellos y firmas falsas a las víctimas como constancia de pago.
Según las denuncias, Cruz se presentaba como intermediario de un supuesto empleado del IPV, quien facilitaría la entrega de las viviendas. A las víctimas se les exigía el pago de una suma de dinero, con la promesa de que la adjudicación estaba asegurada y se concretaría en el corto plazo. Para generar confianza, los acusados daban detalles sobre el avance de las obras y, además, ofrecían la inclusión en el Plan Conectar para la obtención de calefones y cocinas, lo que implicaba un pago adicional.
Como parte de la maniobra, los acusados proporcionaban un número de teléfono que atribuían al supuesto empleado del IPV. En todos los casos investigados, el dinero era entregado a un cadete, quien presuntamente lo remitía al organismo, y luego las víctimas recibían carpetas con documentación de adjudicación de vivienda.
El esquema se completaba cuando, tras recibir el dinero, los acusados entregaban a las víctimas una carpeta con documentos firmados y sellados que aparentaban ser oficiales, reforzando la credibilidad de la maniobra.
Informes de la Unidad de Investigación de UDEC confirmaron la existencia del fraude y establecieron que el número de celular atribuido al supuesto funcionario del IPV, en realidad, era utilizado por Espinosa Paredes.
