Llegados a nuestro valle de lágrimas, los europarlamentarios han sido recibidos, entre otros optimistas y sonrientes lugareños, por el canciller altoperuano Julio San Millán y por el coordinador de quién sabe qué cosas y próspero comerciante, Ricardo Villada; dos caras amables (algo veteranas, hay que reconocer) que les han hablado a los forasteros maravillas de la seguridad jurídica de Salta, de su elevada calidad institucional y de su enorme potencial productivo.
Los europarlamentarios se enteraron también, de refilón, que la gestión del anterior Gobernador de la Provincia de unos 350 millones de dólares prestados para realizar obras públicas en casi todo el interior provincial fue un auténtico fiasco y que hoy, casi una década después de aquel cuantioso préstamo, las obras no están y el dinero tampoco. Es extraño, pero, pese a las evidencias, todavía ningún fiscal ha actuado, para sorpresa de los parlamentarios visitantes. ¿La justicia es para todos en Salta, o solo para los más morochitos?
También se han interiorizado los europeos de la seguridad jurídica de nuestro territorio cuando han leído en la prensa que el Interventor Municipal de la localidad fronteriza de Aguas Blancas sigue denunciando a los gritos que la frontera es una coladera y que los planes nacionales de defensa —profusamente publicitados— han contribuido muy poco a desanimar a los delincuentes transnacionales y lo mejor que han conseguido hasta ahora es hacer que los comerciantes de Orán se vean en figurillas para vender un blister de Geniol.
«Salta es segura», repiten sonrientes San Millán y Villada, casi al mismo tiempo que se ha sabido que una organización criminal internacional, formada por unos hackers de altísimo vuelo, ha entrado y salido como chancho por su casa de los sofisticados sistemas electrónicos que, para ciertas oficinas públicas, patrocina con fuegos artificiales el Secretario de Modernización, y se han apoderado de millones de datos personales sensibles de salteños y salteñas, incluyendo historias clínicas y prontuarios policiales. Es la modernidad gestionada con los pies y no con la cabeza.
Para peor, la llegada de los eurócratas a nuestro territorio ha coincidido también con la festichola celebrada en la Quebrada de las Conchas, que todo indica ha podido tener lugar en un área protegida de especial riqueza mediomabiental, gracias a un permiso falsificado, a funcionarios que han mirado para otro lado, y a una cadena de mentiras y medias verdades que todavía permanece sin aclarar.
La capital nacional de la seguridad jurídica hoy ostenta la discutible plusmarca de la mayor cantidad de intendentes municipales procesados o condenados por peculado. Si son 60 los municipios que hay en Salta (¿o mejor llamarla Peculandia?), en algún momento los intendentes de 40 de ellos han tenido que rendir cuentas ante la justicia por el manejo discrecional —y en algún caso, artesanal— de los recursos del erario.
Los europarlamentarios llegan a Salta en momentos en los que la expresión de moda no es «seguridad jurídica», sino «auditoría» (todo está bajo sospecha) y el crecimiento económico que se advierte en la minería (y en mucho menor medida en el turismo) solo beneficia a una pequeña oligarquía de avivados que cree que «arriesga» y «emprende», cuando solo demuestran su férrea voluntad de mantener «la vaca atada» por mucho tiempo y esforzarse porque sus quebrantos sean soportados por otros, nunca por ellos.
Más crece la minería, más crece el turismo, pero al mismo tiempo la masa de recursos fiscales encoge como algunos calzoncillos baratos. ¿Cómo es esto posible?
Todo este panorama puede ser «saludable» para los negocios del ingeniero Villada o para la colección de armas antiguas de don Julio, pero no para la gran masa de consumidores, afectada por la disminución del poder de compra de sus salarios, por el aumento de precios y por la menor cantidad de bienes y servicios ofrecidos.
Aun así, siempre será mejor que Europa observe y saque fotocopias, como decía Carlitos Balá.
