Estamos ante un claro abuso del lenguaje, no solo por la repetición frecuente (que revela los pobrísimos recursos lingüísticos de quienes trabajan en la elaboración de esa página), sino también por la insistencia —muy poco fundamentada— en mostrar cada actuación del gobierno como un acto fortalecedor, cuando, en la mayoría de los casos, los funcionarios del gobierno —como sucede en casi todo el mundo— hacen lo que pueden frente a la realidad con la que tienen que lidiar a diario.
Nada de esto es cierto, porque, si lo fuera (es decir, si el gobierno realmente hubiera fortalecido todo lo que dice haber fortalecido desde hace 20 años), hoy tendríamos sin dudas un gobierno inexpugnable y una realidad social robusta, a prueba de cualquier inestabilidad o incertidumbre. Pero no tenemos ninguna de las dos cosas.
La comunicación pública del gobierno existe con dos objetivos primordiales: 1) Facilitar el acceso ciudadano a la información pública; y 2) dar a publicidad los actos de gobierno.
Cualquier sistema de comunicación pública que se empeñara en mejorar la imagen personal de los gobernantes, o servir de plataforma de expresión para los funcionarios, estaría traicionando aquellos objetivos primordiales, y utilizando el dinero de todos los ciudadanos en operaciones partidistas o sectoriales que son contrarias al espíritu democrático.
El gobierno, como cualquier persona o cualquier organización integrada por seres humanos, debería admitir abiertamente sus debilidades y valorar sin sesgo sus actuaciones, limitándose a relatarlas tal cual han sucedido, con objetividad y procurando observar y mantener la neutralidad política o ideológica, sin aventurar resultados o efectos que jamás serán verificables por los ciudadanos, así sean fortalecimientos, mejoras, refuerzos o capacitaciones.
