La decisión de practicar estas pruebas ha sido adoptada por el «área» de Diversidad Sexual del Ministerio de Salud Pública de Salta, que informa muy detalladamente los lugares y los horarios en los que las personas LGTBIQ+ (el orden de las letras es objeto de intensa discusión) pueden someterse a estas pruebas.
Lo segundo es que la información oficial del gobierno es peligrosamente contradictoria, pues se convoca a estas pruebas a «personas que tengan útero, entre 21 a 65 años, más allá de su orientación sexual e identidad de género».
Si a los efectos de esta prueba, es indiferente la orientación sexual de las personas y su identidad de género, ningún motivo hay para excluir, por ejemplo, a las mujeres heterosexuales que conservan su útero. ¿Por qué no a ellas, si también necesitan hacerse esta prueba?
En nuestro país, tanto la condición sexual de una persona como su elección de género son datos especialmente protegidos por el derecho a la intimidad. Ninguna persona está obligada a revelarlos, a menos, claro está, que alguien se presente a este tipo de pruebas y deba decir a la enfermera «lo que es» o «qué se siente» para poder acceder a la práctica.
¿Qué tal si en los horarios y en los lugares anunciados de antemano por el gobierno aparecen equipos de periodistas o de ciudadanos comunes dispuestos a filmar a los que entran al hospital o al centro de salud? ¿Qué garantías ofrece el «área» de Diversidad Sexual de que estas personas no van a ser estigmatizadas ni señaladas por el solo hecho de acudir al hospital?
¿Qué hay de las lesbianas que jamás dijeron que lo son ni tienen intención de hacerlo? ¿Deben esperar a que otra «área» del Ministerio las convoque o tienen que revelar su condición acudiendo a esta convocatoria?
Es como si se llamara a hacer las pruebas de próstata a personas LGBTIQ+ en una ventanilla distinta a la de las pruebas del resto de la población. ¿Será que no les gusta que se mezcle la hacienda?
Pero qué se puede esperar de una autoridad sanitaria que tiene «programas» de salud focalizados para wichis, como si estos ciudadanos tuvieran el corazón a la derecha y el hígado a la izquierda. Con las personas LGBTIQ+ y el cáncer de útero sucede exactamente lo mismo: son iguales a todas las demás personas en riesgo de contraer la enfermedad. Su orientación sexual o su identidad genéro no puede justificar jamás que se los llame «por aparte», como si pertenecieran a una especie exótica o como si cada vez que se utiliza en ellos un espéculo vaginal haya que sumergirlo después en fenelina.
El Ministro de Salud Pública de Salta debe dar explicaciones de este trato peyorativo y discriminatorio, atentatorio contra la dignidad de las personas, que no reporta especiales beneficios a la salud de nuestros comprovincianos y comprovincianas y que, al contrario, solo hace sospechar de una simpatía condescendiente y denigratoria hacia un colectivo que reclama, cada vez con más fuerza y legitimidad, un tratamiento igualitario en todas las facetas de su vida.
