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  • Omnipotencia legislativa
  • El regreso al tajo de los diputados provinciales de Salta es noticia. Y lo es precisamente porque sobre casi todos ellos -excepto una- planea la siniestra sombra del proyecto de ley de reforma del Código Contravencional que castiga con la cárcel la invención y difusión de fake news que involucren a funcionarios públicos.
Publicación de El Tribuno
Publicación de El Tribuno
60 diputados y diputadas -o, mejor dicho, 59- que funcionan a carburo y que viven, en su gran mayoría, en la época de las carretas, siguiendo el aleccionador ejemplo del Ministro de Economía (que firma los convenios con una pluma de ave), quieren demostrar sintonía con los tiempos, metiendo la cuchara en el complicado y cada vez más indescifrable universo digital.


Pero su esfuerzo dialéctico no parece limitado a las fake news (noticias falsas), puesto que según el diario El Tribuno, sorprendentemente, amenazan con sancionar también las face new. De la ley bozal hemos pasado a la ley máscara.

De resultar aprobada esta nueva ley, los salteños y las salteñas ya no podrán maquillarse, ni siquiera afeitarse. Y no digamos nada de las cirugías estéticas, las rinoplastias, las blefaroplastias o las inyecciones de bótox. Otro atentado más a la libertad de expresión, facial, en este caso.

Los y las stone face de Salta quieren prohibir las face new. De allí a intentar prohibir también las moon phases o los motherfuckers hay un solo paso.


Cualquier cosa pueden hacer los diputados provinciales de Salta (por ejemplo, regular los desarrollos de la Inteligencia Artificial en California o hacer que llueva el Olacapato), siempre a condición de que ellos consideren que Nación no las hace o no las hace a su debido tiempo. La distribución de competencias que establece la Constitución Nacional se ha convertido así en un juguete que puede ser dejado de lado en cualquier momento, siempre que los diputados provinciales consideren que sus conciencias les hacen cosquillas.

Pero resulta ser que alguien tira una piedra en una ruta federal y la policía provincial arma un gran escándalo porque dice que quien debe reprimir es la Gendarmería. Los fiscales federales se pelean con los provinciales por minucias jurisdiccionales, pero cuando se trata de proteger a los funcionarios públicos no hay federalismos ni competencias delegadas que valgan. Nuestros diputados y nuestras diputadas arremeten contra las normas como los bulldozers amarillos que denuncia Greenpeace en los bosques del Chaco Salteño.

Si este extraño proyecto sale adelante, habría que pensar en declarar el 1 de agosto no el día de la Pachamama sino el nuevo día del orgullo para que salteños, salteñas, turistas y turistos, en vez de quemar basura y de sahumar sus hogares, salgan a la calle ruidosamente con una camiseta que diga: «I'm proud of my new face».

Cuando tal cosa suceda (y si Del Pla no se apropia de la movilización), nos podrán castigar por tres contravenciones juntas: por face new, por fake news y por motherfuckers.



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