Lo que se advierte es una creciente inquietud en los líderes políticos para encontrar su lugar en una oferta electoral que cada vez es más confusa, más compleja y menos representativa del pluralismo de la sociedad salteña. Una vez más, para muchos de los protagonistas de la lid política de lo que se trata es de vencer y no de convencer.
El gobierno de Salta navega, pues, entre dos aguas, ya que mientras por un lado un sector influyente expresa una preocupación estructural por la posible interferencia del gobierno federal en las políticas puestas para estimular la extracción de litio por empresas extranjeras, por el otro lado se advierte una preocupación marginal -expresada, entre otros, por el ministro de Economía del gobierno provincial- en torno a la idea de que Salta debe avanzar sin demora hacia la «economía del conocimiento» como única forma de encarar el futuro, superar el atraso y converger con las regiones más ricas y productivas del país.
Estas dos posturas no son de modo alguno inconciliables; pero, ahora que se acercan las elecciones, bien haría el gobierno en mostrar que está haciendo algún esfuerzo por hacer compatible el crecimiento económico basado en la explotación de los recursos naturales con los cada vez más urgentes desafíos de la «economía del conocimiento».
Desde hace tiempo defiendo la idea de que el gobierno debe superar su inclinación al conservadurismo y apostar por soluciones audaces e innovadoras, especialmente en materia social y económica. Muchas veces he dicho que el Estado debe convertirse en un gran inversor social, que atienda de forma primordial las necesidades de las personas, y no hablo precisamente de las más básicas.
Pero, sin dejar de lado esta visión y como una forma de complementarla, me gustaría plantear aquí que el gobierno debe salir de su zona de confort, tomar riesgos y abandonar, lo más rápido que pueda, la formulación de políticas económicas tradicionales. Esta tarea requiere transmitir una visión audaz y coherente sobre cómo lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
El pensamiento de Mariana Mazzucato
La economista ítalo-norteamericana Mariana MAZZUCATO (Roma, 1968) nos ha alertado recientemente de que es la ausencia de políticas progresistas, audaces y claras la que ha que ha permitido que la extrema derecha gane terreno en buena parte de los países de Europa, sobre todo en Italia, gobernada desde hace unos días por la alianza posfascista de la Primera Ministra Giorgia Meloni.Nos dice MAZZUCATO que cada vez que los grupos de bajos ingresos sufren, como lo están haciendo ahora (por problemas de salud, de energía, de costo de vida y de clima) y seguirán haciéndolo durante el invierno que se avecina, los partidos xenófobos explotan sus dificultades y culpabilizan a otros (como lo hizo Donald Trump) para distraer la atención de su propia política, débil, incoherente o inexistente.
Algo de esto se ha visto recientemente en la Argentina con la calculada deserción del «populismo libertario» en el debate parlamentario sobre los presupuestos generales del Estado para 2023.
Para Mariana MAZZUCATO, los fracasos políticos del pasado y las promesas populistas incumplidas representan, sin embargo, una oportunidad para los líderes progresistas. Pero para sortear tantos vientos en contra -dice nuestra autora- economistas y políticos deberán pensar no solo en la redistribución, sino también en la creación de riqueza y valor. El objetivo no puede ser simplemente mitigar el daño de las conmociones de hoy, nos advierte. Los argumentos progresistas contra la austeridad deben ir más allá del atractivo tradicional de proyectos «listos para usar» y promover estrategias económicas integrales para lograr una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva.
La pensadora italiana sugiere que la transición hacia una economía «cero neto» debe estar guiada por ambiciosas misiones industriales y de innovación que transformen toda le economía: desde cómo construimos hasta qué comemos y cómo nos movemos. En opinión de MAZZUCATO, esta transformación será capaz de generar un crecimiento sostenible en la medida en que los gobiernos puedan ocuparse de marcar la dirección y de atraer inversiones «en lugar de limpiar los desastres provocados por las malas políticas y las prácticas comerciales dañinas».
En resumen, la crítica más certera dirigida por la economista apunta a desmontar el mito de que el Estado es una especie de parásito que detrae recursos y que no genera valor. Sostiene que detrás de la mayoría de las innovaciones tecnológicas, en su origen, hay una inversión de recursos públicos (recursos de toda la sociedad) y un esfuerzo del Estado que luego es capitalizado por empresas privadas. “Fue la agencia estatal estadounidense DARPA la que desarrolló la tecnología de Siri que hoy está en casi todos los dispositivos de Apple. Si no hubiera sido por la inversión pública, que pacientemente financió la investigación, hoy Estados Unidos no tendría su Silicon Valley”, asegura la directora del UCL Institute for Innovation and Public Purpose de Londres.
Cinco dimensiones clave
En un artículo publicado hace dos semanas, nuestra autora identifica lo que llama «cinco dimensiones clave» para una agenda de política económica progresista ganadora.En primer lugar -dice- se debe ofrecer «una nueva narrativa sobre cómo se crea el valor». El objetivo es reemplazar la antigua y arraigada narrativa que dice que solo el sector privado juega un papel principal en el crecimiento de la economía y el Estado se limita simplemente a corregir los fallos del mercado que van apareciendo en el camino. Lo que se necesita -afirma MAZZUCATO- «es una noción clara de inversión colectiva para el bien común», con el sector público como inversionista de primer recurso, no solo como prestamista de último recurso.
En segundo lugar, una agenda progresista debe generar tanto un Estado del Bienestar bien dotado de recursos como un Estado de innovación dinámico, porque los dos -dice la economista- van de la mano. Sin servicios sociales, demasiadas personas seguirán siendo vulnerables y no podrán acceder a los ingredientes básicos para el bienestar y la participación económica, incluida la educación, la seguridad laboral y la salud. Y sin innovación, el crecimiento económico y las soluciones a problemas sociales apremiantes, ya sea una pandemia, el cambio climático o la brecha digital, permanecerán fuera de nuestro alcance.
Con ese propósito -prosigue MAZZUCATO- los progresistas deben utilizar los desafíos sociales actuales como puntos focales para la estrategia industrial: desde hacer que las comidas escolares sean más saludables, más sabrosas y de fuentes más sostenibles, hasta acelerar el ritmo de la innovación en nuestros sistemas de movilidad. La contratación basada en resultados se puede utilizar para impulsar la innovación en todo tipo de actividades públicas, desde las escuelas hasta la salud y el transporte. Y la crisis energética debe convertirse en una oportunidad para reorientar el crecimiento de manera que sea inclusivo y sostenible, liderado por la innovación verde en todos los sectores industriales, incluidos el acero y el cemento.
En tercer lugar necesitamos un «acuerdo verde» que enfatice el «acuerdo» tanto como el «verde». Para MAZZUCATO, este objetivo significa, nada menos, que un nuevo contrato social. En la transición verde, tanto los riesgos como las recompensas asociadas a las inversiones públicas deben socializarse. No es casualidad que las ganancias crezcan mientras que la inversión no. El Estado debe intervenir para corregir esta llamativa asimetría.
Los gobiernos disponen de muchas herramientas (métodos dinámicos de adquisición, subvenciones, préstamos y regulaciones) para impulsar la inversión alineada con objetivos estratégicamente importantes y para garantizar que las ganancias comerciales se reinviertan de una manera social y ambientalmente beneficiosa. MAZZUCATO ejemplifica esta intervención con el préstamo de 683 millones de dólares que el gobierno del Reino Unido otorgó sin pensar a EasyJet sin condiciones. También con el caso del gobierno francés que durante la pandemia concedió préstamos a Air France y Renault, pero condicionados a compromisos de reducción de emisiones. En los Estados Unidos, la nueva CHIPS and Science Act, que consiste en 52 mil millones de dólares en subsidios para los fabricantes nacionales de semiconductores, ha introducido -dice MAZZUCATO- cierta condicionalidad de manera tranquilizadora. En opinión de nuestra autora, se puede hacer más para garantizar que el valor creado beneficie a las personas y al planeta.
En cuarto lugar se necesitan nuevas estructuras institucionales para aprovechar al máximo la creación de riqueza colectiva. Dado el cortoplacismo que prevalece en las finanzas modernas, los bancos públicos y otras estructuras de financiación pública, incluidos los fondos de riqueza comunitarios, deben aprovecharse para crear una mayor reserva de capital paciente, con financiación dirigida a aquellas empresas que están dispuestas a invertir e innovar.
Los progresistas también deberían presionar por un bien común de datos, de modo que este recurso crítico del siglo XXI sea propiedad y esté gobernado no solo por el Big Tech, sino también por los ciudadanos. En este punto, Mariana MAZZUCATO cita el ejemplo de la Alcaldía de Barcelona que ha incorporado hackers a su plantilla «para ayudar a mejorar la gobernanza de datos para el bien público». Para MAZZUCATO, los gobiernos progresistas deben invertir en sus propias capacidades organizacionales y revertir la tendencia hacia una subcontratación cada vez mayor, una práctica en la que algunos -haciendo incluso lo correcto- han ido demasiado lejos.
En quinto y último lugar, una agenda económica progresista debe ser inspiradora. Las políticas económicas progresistas deben ir acompañadas de la participación ciudadana para forjar un vínculo claro con las mejoras en la vida de las personas.
América Latina y el triángulo del litio
En otro artículo aun más reciente que el anterior, Mariana MAZZUCATO escribe que la guerra en Ucrania y la crisis mundial del costo de vida están golpeando duramente a los países de América Latina y el Caribe. Según nuestra autora, el crecimiento en la región, que se recuperó de manera impresionante de la COVID-19 para alcanzar una tasa promedio del 6,8% en 2021, caerá a solo el 1,8% este año, con efectos devastadores para las personas más vulnerables. En comparación con 2021, la tasa de pobreza de América Latina aumentará en 0,9 puntos porcentuales hasta el 33%, y la pobreza extrema aumentará en 0,7 puntos porcentuales hasta el 14,5% en 2022.A pesar de este escenario para nada alentador, MAZZUCATO piensa que muchos países tienen la oportunidad de redefinir sus políticas económicas. Y aunque no hay dos países iguales en la región, sí enfrentan un conjunto común de desafíos estructurales, que incluyen la dependencia de los recursos naturales, la baja productividad, la débil capacidad del sector público y un margen fiscal estrecho.
Según MAZZUCATO, enfrentar estos desafíos estructurales requerirá de «una gobernanza progresiva» y un enfoque en objetivos económicos claros como la creación de empleos, el aumento de la productividad, la reducción de la pobreza, el achicamiento de la brecha digital y la aceleración de la transición hacia la energía limpia.
Para lograr una economía inclusiva y sostenible de prosperidad compartida, MAZZUCATO propone que los gobiernos de América Latina y el Caribe adopten «estrategias industriales orientadas a la misión». Según su visión, este enfoque debería poner menos énfasis en políticas probadas y comprobadas, como las diseñadas para fortalecer la sustitución de importaciones o lograr competitividad de precios, y más énfasis en repensar y redefinir el papel del Estado.
La economista ítalo-norteamericana sostiene que el Estado no debe ser visto como una barrera para el crecimiento, sino como «un formador de mercados capaz y confiado» que está en una posición única para aportar ambición y audacia a la hora de enfrentar los mayores desafíos de un país. Pero para que el Estado tenga éxito en este papel, los gobiernos deben establecer objetivos claros y demostrar la voluntad de utilizar todos los instrumentos a su disposición, desde adquisiciones hasta préstamos. Esa es la única forma efectiva -dice MAZZUCATO- de catalizar la experimentación de abajo hacia arriba en diversos sectores de la economía.
En un informe producido por MAZZUCATO para la CEPAL, se examinan ocho casos de diferentes países de América Latina y el Caribe en los cuales las políticas e instituciones orientadas a la misión podrían satisfacer los apetitos de cambio. MAZZUCATO analiza el problema de la dependencia de los recursos naturales poniendo como ejemplo al llamado «Triángulo del Litio», que forman Argentina, Bolivia y Chile, países que, junto con Perú, poseen alrededor de dos tercios de las reservas mundiales de litio.
Dice MAZZUCATO que si bien el litio es crucial para impulsar tanto la digitalización como la transición energética global, Chile, Bolivia y Argentina han experimentado serias dificultades para gobernar correctamente el desarrollo de la región, básicamente porque estos países han permitido que la extracción de recursos impulse un crecimiento sin dirección.
Si colocamos un recurso natural como el litio en el centro de una misión específica (por ejemplo, para descarbonizar la economía), los gobernantes pueden -afirma MAZZUCATO- remodelar el sistema de incentivos. En lugar de alentar la explotación sin sentido de los recursos naturales, como antaño, pueden garantizar que las rentas se reinviertan en actividades más innovadoras y gratificantes.
A través de este tipo de enfoque estratégico e intersectorial -sostiene nuestra autora- Argentina, Bolivia y Chile pueden transformar «su maldición» de recursos en una oportunidad para un rápido progreso social y ambiental.
A modo de conclusión
El debate sobre el futuro de nuestra economía está ausente tanto de la agenda pública como de los programas electorales. Si bien se insinúa en el seno del gobierno una puja entre quienes desean seguir profundizando ese modelo de «extracción de recursos para un crecimiento sin dirección» y quienes alertan que el crecimiento basado en la explotación de los recursos naturales no es garantía para enfrentar los desafíos del futuro más cercano, por el momento estas discusiones no ocupan un lugar destacado entre las principales preocupaciones colectivas.Pienso que el Estado, en lugar de reducir sus dimensiones, de subcontratar o de privatizar, debe reconvertirse de arriba a abajo, no solo para «acompañar» la dinámica económica del sector privado (o, en su caso, para corregir sus disfuncionalidades), sino para crear espacios innovadores, para fomentar la aparición de nuevos mercados y nuevas actividades.
Aun con sus limitaciones conocidas, que son muchas y algunas son muy graves (como la pobreza o la falta de cohesión territorial) Salta puede dar un vuelco en esta materia, comenzando por reformular las estrategias de intervención de los aparatos estatales más pequeños, como los municipios.
Sin embargo, esta «resignificación» del Estado, la aparición de nuevas misiones, de nuevos cometidos y de nuevas protecciones no será posible sin un giro dramático en nuestra forma de entender y practicar la política.
Los salteños abordaremos nuestro futuro de una forma irresponsable si no nos damos cuenta a tiempo de que los grandes problemas colectivos, los que entorpecen la gobernanza y erigen obstáculos para el desarrollo de nuestro potencial económico, no pueden ser resueltos por grupos pequeños, por camarillas más o menos iluminadas o por sabihondos con diplomas colgados de las paredes. Es preciso actuar sin demora y abrir la discusión a grupos más amplios e -idealmente- contar con la participación de todos, incluso hasta del salteño más pequeño y menos influyente.
En política, la mezquindad, la soberbia y la estrechez de miras pueden reportar buenos resultados electorales en el más corto plazo; pero no mucho más allá de las elecciones, la falta de grandeza y de generosidad nos abocará a un fracaso seguro que hará mucho más penosa la vida de todos; mucho más penosa de lo que ya es. Y esto es algo que no nos podemos permitir.
