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  • Un ejercicio orwelliano
  • A menudo, los jueces de Salta mandan a detener a policías. Algunos casos llegan a juicio; otros mueren por el camino (los juicios, no los policías).
Imagen ilustrativa - Generada por AI
Imagen ilustrativa - Generada por AI

Pero aunque la mayoría de los uniformados resultan absueltos, no faltan en nuestro alborotado gallinero judicial condenas a policías por delitos económicos y sexuales. Casi nunca por pisotear la libertad y la dignidad de los ciudadanos. En estas últimas materias, les perdonamos casi todos los atropellos.



Nuestra Policía es, por imperativo legal, una institución subordinada al sistema judicial y, más propiamente, su «brazo ejecutor». En los centenares de procedimientos penales abiertos por «desobediencia judicial» (el delito favorito de los jueces), la actuación de la Policía es decisiva para enderezar al rebelde y hacerle sentir el «rigor salteño».

No hay separación ni división de poderes cuando la Policía actúa por cuenta y orden de los jueces. En tales casos, la policía es poder judicial, puro y duro.

Quizá por esto, nuestros uniformados deben obediencia y respeto especial a unos señores y unas señoras que, además de decirles en muchos casos lo que tienen que hacer, son inmunes al arresto. Es decir, los policías no pueden encanarlos con la misma facilidad que ellos –los jueces– encanan a los policías.

Salvo, claro está que aparezcan casos –felizmente excepcionales– como el del exjuez Parisi. ¿Qué sentirán o qué pensarán esos agentes que custodian al juez preso en la sala de juicio y le ajustan los arneses del chaleco antibalas?

De lo que no me caben dudas es de que a muchos policías les gustaría meter en el calabozo a algunos jueces; pero no por crímenes, sino simplemente for spite, como se dice en inglés.

Alguna vez escuché a un comisario decir que los jueces deberían «pasar una semanita entre rejas»; no solo para saber lo que se siente allí adentro (para experimentar en carne propia la privación de la libertad), sino también para practicar desde adentro esas «inspecciones» a los lugares de detención que los jueces supremos suelen hacer muy de vez en cuando y «por encimita».


La jueza Dugan

Esta apresuradas reflexiones han sido propiciadas por la lectura de la noticia –triste para la democracia– de que agentes del FBI detuvieron hoy en Milwaukee, Estado de Wisconsin, a una jueza de distrito (la señora Hannah Dugan) a quien acusan de obstaculizar la detención de un inmigrante en su tribunal.

Según dice el FBI, el pasado viernes 18 de abril, Dugan habría «desviado» a los agentes federales mientras estos intentaban arrestar, para deportarlo, a Eduardo Flores Ruiz, un mexicano de 30 años. No hay constancias de que el mexicano sea pariente del fiscal salteño del mismo apellido.

Cuando Dugan se entera de que los federales estaban en su juzgado, les ordenó esperar en una sala contigua y aprovechó la espera para decirle a Flores Ruiz y a su abogado que se hicieran humo por una salida privada del juzgado, burlando así al FBI.

Pero sucedió como en las películas: Los agentes federales salieron a corretear a Flores y lograron detenerlo, ya fuera del edificio, después de una persecución «bajo la modalidad peatonal».

La jueza Dugan se enfrenta ahora a cargos federales de obstrucción y encubrimiento, delitos que podrían acarrearle hasta cinco años de prisión si es considerada culpable. El arresto fue anunciado públicamente por el director del FBI, Kash Patel (¿no era J. Edgar Hoover?) en un mensaje en la red X que luego borró.

Así como Parisi tuvo que comparecer ante su colega Raúl Fernando López, la jueza Dugan tuvo que hacerlo ante otro juez federal, el señor Stephen C. Dries, un magistrado famoso por su trato seco.

El abogado de la detenida (que no sabemos si es el mismo que el de Flores Ruiz) protestó por la detención, alegando que no se había hecho en interés de la seguridad pública y que era arbitraria, impropia de un sistema democrático. Al contrario que Parisi –a quien, recordemos, la Gendarmería lo tuvo que sacar de su casa– la señora Dugan, tras declarar, quedó en libertad provisional, pero tecleando.

El Fiscal de Distrito, ese personaje tan odioso en los episodios de Petrocelli, se puso del lado del FBI y dijo que las acciones de la jueza Dugan pusieron en riesgo a los agentes y aumentaron el peligro para el público.

En los Estados Unidos, subrayan los que saben de esto que se trata del primer caso conocido en que la Administración acusa formalmente a una juez estatal de obstruir una operación migratoria. Sería mejor decir, «una operación anti-inmigratoria».


Hospitales gratuitos para bolivianos

Para traducir todo esto al lenguaje salteño, imaginemos la siguiente situación, felizmente improbable:

1) Un ciudadano boliviano pretende que su mujer dé a luz en el hospital de Orán y que no se le cobre la atención médica dispensada.

2) El ciudadano extranjero interpone una acción de amparo –supongamos ante el mismo juez López– y este, convencido de que la medida del gobierno es una aberración, le concede el amparo y decide que el niño nazca –gratis– en el hospital de Orán.

3) Enterado el Gobernador, manda al Jefe de la Policía a detener al juez, previo arresto de la pareja de bolivianos, y, por supuesto del niño recién nacido, que será puesto en custodia de la Secretaría de la Niñez y de la Familia, y posteriormente sometido a una «entrevista de despeje».

4) Más tarde, otro tribunal someterá a juicio al juez del amparo y le condenará a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

5) El condenado interpone recurso de casación ante el Tribunal de Impugnación y este le responde: «Pero cómo ¿no fue usted el que condenó a un tipo a un año de prisión por intentar robarse unos limones en Colonia Santa Rosa?».



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