La parte más llamativa de esta noticia es que el «simulacro», destinado a estudiantes universitarios de Derecho (es decir, a futuros abogados), no estará dirigido ni orientado por profesores universitarios debidamente acreditados, sino que contará con la «asistencia técnica» de «magistrados».
Es decir, que si esos magistrados van a proporcionar una «asistencia técnica» solo en base a sus conocimientos teóricos (porque carecen de experiencia práctica en la materia), hubiera sido del todo preferible que tal «asistencia técnica» sea prestada por los catedráticos de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, que seguramente tienen mejor estudiado el asunto.
Luego dice la noticia oficial que el simulacro tiene por objetivo que los estudiantes universitarios «vayan adquiriendo conocimiento sobre los procesos judiciales». Esta discutible afirmación nuevamente coloca a la judicatura en un escalón de conocimiento superior al de la propia universidad. Quiere decir que fuera de la mole gris de El Huayco, nadie puede adquirir conocimientos sobre los procesos judiciales. Pareciera, pues que el conocimiento procesal durmiera guardado en algún cajón de la Ciudad Judicial, custodiado por algún duende de esos que encienden las computadoras de los tribunales a las tres y media de la mañana.
A diferencia de lo que sucede con otras escuelas judiciales del mundo, la de Salta no está pensada para proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los jueces y magistrados. No se encarga de su formación inicial ni de su formación continua.
Al contrario, la Escuela de la Magistratura de Salta sirve para que algunos jueces (algunos muy jóvenes e inexpertos) jueguen a ser profesores de las más variadas materias, y para que, sin tener ningún tipo de acreditación como docentes, enseñen a una clientela compuesta por abogados sin experiencia, pequeños y medianos empleados judiciales y, últimamente, futuros burócratas de la Dirección Provincial de Rentas.
Debería ser la Universidad (sus catedráticos y aun sus alumnos) los que enseñaran a los jueces sobre cómo conducir un juicio por jurados, y no al revés.
Además de no estar todavía implantado en Salta, el sistema de juicio por jurados supone el desplazamiento parcial del protagonismo y la responsabilidad de los jueces en ciertos procesos penales y el correlativo ascenso del ciudadano como colaborador de la Administración de Justicia. La formación en juicio por jurados debería ser, en primera instancia, una formación ciudadana, más que una formación judicial o jurídica, por razones que son más que obvias.
Que jueces sin ninguna experiencia en este tipo de juicios «enseñen» la materia a futuros abogados, y que lo hagan mucho antes de preocuparse por la formación cívica, equivale a empezar a construir la casa desde el tejado; cuando no supone un intento de la corporación judicial de retener a cualquier precio aquella parcela de poder que el legislador ha querido, razonablemente, transferir al ciudadano.
Por último, que una «enseñanza» como esta se imparta en la Escuela de la Magistratura, en donde hay quien piensa que el juicio por jurados es una «obligación» de las provincias, porque así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia (y no la Constitución Nacional o la Constitución de Salta), es todavía mucho peor, porque los jóvenes estudiantes de Derecho pueden llegar a pensar -equivocadamente- que el juicio por jurados es mucho más importante que el federalismo, y albergar la idea de que la configuración de las instituciones procesales provinciales corre por cuenta de un tribunal excepcional, que ignora, porque le da la gana, la soberanía absoluta de las provincias en materia de Derecho Procesal.
