Esta representación, sin embargo, tiene una doble dimensión:
Una jurídica (por la cual el Gobernador disfruta de la capacidad de obrar en nombre de los tres poderes del Estado y de obligar a sus instituciones en los límites de sus facultades) y
Otra simbólica (por la cual el Gobernador encarna la unidad y continuidad del Estado provincial, tanto a nivel interno como a nivel exterior, y es la cabeza visible de la Provincia ante la federación, ante las demás unidades federadas y ante las instituciones de una y de otras).
Quiere esto decir que por mucho rechazo que la persona del Gobernador (en tanto jefe de una parcialidad política) pueda suscitar entre sus opositores, cualquiera de estos -máxime si ejerce un cargo público electivo- es deudor del máximo respeto institucional hacia la investidura gubernamental.
Por consiguiente, los opositores no pueden aprovechar las ceremonias oficiales o los actos a los que acuden como invitados para romper el protocolo y expresar, con gestos destemplados e irrespetuosos, su disgusto o su desprecio, por las posturas políticas del Gobernador, sean estas más o menos legítimas o acertadas.
Desde este punto de vista, la falta de respeto al Gobernador de Salta comporta una falta de respeto a todos los salteños, con independencia de su color político, de su opción ideológica o de su posición socioeconómica. Una falta que es mucho más grave e inexcusable cuando proviene de personas que ejercen una responsabilidad institucional.
