Es verdad que ninguna democracia sobrevive en la opacidad y el secreto. Sabemos -y no necesitamos que nadie nos lo enseñe- que la transparencia es uno de los principales valores democráticos, y que probablemente sea uno de los más delicados, uno de los que debemos cuidar especialmente.
Pero también es cierto que, en los últimos tiempos, tendemos a creer automáticamente que algo es verdadero cuando es transparente; nos hemos convencido de que la intermediación que necesariamente llevan a cabo algunos responsables públicos nos aleja de la realidad y que todo secreto es, de entrada, ilegítimo.
En la democracia de la inmediatez en la que vivimos, pocas cosas son más atractivas, desafiantes y rodeadas de apariencia de verdad que la actividad de los filtradores, de los periodistas y de los aficionados a los chismes en las redes sociales. Siempre serán ellos más «creíbles» que los gobiernos y las instituciones formales, a los que muchos consideran como los principales enemigos de la verdad. Una vez más, el problema es la «casta», sea la política o sea la judicial. De la «casta» comunicacional poco se habla.
La fascinación que provocan las redes sociales, su creciente penetración y la sensación de que su uso promueve una participación directa, que descree profundamente de la intermediación que llevan a cabo los «representantes», nos empuja a conspirar y a atacar. Poco hacemos en realidad por conectar en un sistema coherente los elementos dispersos de la realidad: las redes sociales (y la prensa que vive de ellas) nos ahorran el esfuerzo de pensar en la complejidad del mundo que nos rodea. La indignación, así como la sospecha permanente, han tomado el relevo de la reflexión y el esfuerzo democrático.
No está demostrado de ningún modo que la abundancia de información, la eliminación de los intermediarios y la minimización del número de secretos nos hagan mejores ciudadanos o que consigan que nuestra democracia funcione mejor. De hecho, parece que funcionara cada vez peor.
Tampoco, por cierto, está demostrado que retransmitir en directo los procedimientos penales, airear las audiencias de imputación o reproducir las declaraciones de testigos en los sumarios, conduzca a una mejor impartición de justicia o a minimizar el avance del delito y de la inseguridad.
Si en algunas negociaciones políticas es necesario un cierto nivel de secreto o de reserva para asegurar que lleguen a buen puerto y que se cumplan los acuerdos (históricamente así ha sido), imaginemos cuán necesario es el secreto (o la reserva) en la investigación de los hechos delictivos.
Si todos los pasos que dan los investigadores fuesen escudriñados por la prensa y ventilados inmediatamente en las redes sociales y los medios de comunicación, los únicos que se beneficiarían de esta «transparencia» mal entendida serían los perpetradores.
Como ha escrito el filósofo Daniel Innerarity, «la exigencia de una transparencia total podría paralizar la acción pública».
En el caso de la investigación penal no podemos hablar de paralización sino más bien de fracaso y, por consiguiente, de impunidad.
Ha dicho Innerarity que «pese a ciertas celebraciones apresuradas de un inminente mundo sin doblez ni zonas de sombra, la distinción entre escenarios y bastidores sigue siendo necesaria para la política». Lo mismo, y con más razón todavía, rige en el proceso penal.
Los fundamentalistas de la transparencia piensan que es suficiente con que los datos sean públicos para conocer la verdad en la política y para que sepamos lo que realmente está pasando. Pero si en la vida política e institucional al problema de los datos hay que añadirle el problema de su significado, en las investigaciones penales (y en los procesos judiciales en general) la difusión incontrolada y «desintermediada» de datos procesales nos expone al riesgo de juicios mediáticos paralelos y, en definitiva, al peligro de la injusticia.
Y la injusticia, por definición, es el modo menos democrático de la convivencia.
