En mi opinión, Salta no puede darse el lujo de montar un escándalo mediático de singulares proporciones por el vídeo de una concejal electa en el que se la muestra transgrediendo elementales normas de seguridad vial, y al mismo tiempo guardar silencio frente a la injusta prisión de un hombre que lleva casi seis años preso, gracias a una sentencia vergonzosa, escrita y ejecutada fríamente a la medida de los intereses del poder.
Lo que demuestra el escándalo que se ha montado a causa del aludido vídeo es que el intenso ruido mediático apunta a instaurar entre nosotros la idea de que existe un «orden normal» de la sociedad, y que esta normalidad es atacada cuando una persona de la que (absurdamente) se esperan «comportamientos ejemplares», resuelve ofender gratuitamente a sus semejantes.
Pero cualquiera puede darse cuenta, sin necesidad de investigar demasiado, de que tal orden ideal no existe entre nosotros, y de que, de existir algo parecido, sería todo lo contrario al que se nos describe desde los medios. En Salta -casi todo el mundo lo sabe- la transgresión a las normas es la regla y no la excepción.
Salta no puede permitirse por ningún motivo que los medios (y aun los tuiteros individuales) intenten convertir las moralidades sociales en un asunto de negociación pública. Lo que verdaderamente agravia a nuestro sistema de valores (aquel que existe en la realidad y no en la imaginación de los medios) no es la conducta individual de nadie sino la falta de ejemplaridad de las instituciones.
Muy diferente, sin embargo, es el efecto colectivo que produce una sentencia injusta, que ha sido manipulada al milímetro por un perverso ejercicio de dialéctica pseudojurídica y que además subordina el conocimiento científico para colocarlo a la infame altura de sus designios. En un caso como este nos encontramos frente a una ofensa mayúscula a la moral de la sociedad; frente a un problema que nos atañe a todos y que nos obliga a reflexionar.
Pero, desgraciadamente, una ruptura moral de semejante calado no produce entre nosotros un escándalo, ni parece que lo fuera a producir en algún momento; porque lo que escandaliza a quienes tienen el poder y la responsabilidad de comunicar no son las grandes ofensas institucionales, o las injusticias mayúsculas, sino las pequeñas ofensas personales, aun cuando estas no hubieran provocado un peligro objetivo a personas o a cosas, ni hubieran reportado más vergüenza que la que puede experimentar quien las comete.
La sociedad salteña debe hacer un esfuerzo para que el espíritu carnavalesco, que comienza a despertar en esta época del año y que permite la generalización de la burla, el escarnio y el escándalo, no distorsione nuestra identidad y nos haga extraviar la vara de medir en materia de ética y de moral pública. Debemos dar a cada asunto la importancia que se merece y colocar a sus protagonistas en un lugar justo, sin manipulaciones mediáticas ni procesales, que solo degradan moralmente a quienes las cometen.
