No quiero decir que el asunto no sea grave, porque sin dudas lo es.
Si estuviera al alcance de nuestra capacidad institucional destituir a un Presidente por un consejo temerario o engañoso, deberíamos enjuiciarlo cada vez que recomienda votar a un candidato que al final termina siendo un fraude.
A mi modesto entender, provoca más daño la exhortación a votar a un inútil, un venal o un ladrón; o el decreto que designa a un ministro taimado o incompetente, que un tuit en el que se ensalza la timba financiera.
Sé que un Presidente no puede hacer esto último, pero ¿por qué le dejamos hacer lo primero?
Los políticos estafan a los ciudadanos todos los días. Les mienten, les manipulan, les hacen tomar decisiones equivocadas (y no solo financieras). Algunos ven por ello arruinadas sus vidas y sus negocios, y cuando esto sucede, normalmente lo que ocurre es que los afectados no vuelven a votar nunca más a quienes lo han defraudado.
Para mí este asunto del Presidente y de las criptomonedas se tiene que resolver en las urnas; no en los tribunales. Ni en los judiciales ni en los políticos.
