Por qué en Salta parece que los únicos corruptos son los intendentes municipales de pueblos pequeños

Pero ¿por qué motivo, si la corrupción política es omnipresente y persistente y no distingue entre sociedades, sistemas políticos y grados de responsabilidad diferentes, en Salta solo la encontramos en el nivel municipal?

En los últimos años se ha enjuiciado o requerido juicio para una veintena de intendentes y exintendentes (¡un tercio del total!) por diversos delitos de corrupción.

En esta deshonrosa lista se cuenta a los municipios de Salvador Mazza, Coronel Moldes, Campo Quijano, Iruya, Isla de Cañas, El Bordo, San Lorenzo, Pichanal, El Quebrachal, Orán, Rosario de la Frontera, Aguaray, Santa Victoria Oeste, Morillo, Rosario de Lerma, Cerrillos, Angastaco, General Güemes o Cafayate.

Todo ello, claro está, sin contar con la apreciable cantidad de intendentes e intendentas que han sido destituidos por el mismo motivo por sus Concejos Deliberantes.

Una de las explicaciones posibles de este fenómeno tan particular la podemos encontrar en la aguda debilidad institucional de los aparatos administrativos municipales, que se traduce en la falta de controles contables y de gestión más o menos eficientes.

Pero esta no es una explicación convincente, ya que la misma debilidad institucional afecta a las comunas más grandes -por caso, la de la ciudad de Salta- en donde, sin embargo, desde hace décadas ningún intendente es acusado de corrupción. ¿Son acaso más honrados los intendentes municipales de Salta que los del resto de la Provincia?

Esto es tan poco probable como que todos los regidores municipales de ciudades y pueblos pequeños sean incorregiblemente corruptos.

Por supuesto que en muchos casos la justicia actúa con causa justificada, pero no parece tener la misma actitud cuando se trata de políticos con influencia sobre los jueces, como son los que dirigen el gobierno del Municipio de Salta y el propio gobierno provincial.

Cuando la justicia topa con alguno de estos «influyentes» hace la vista gorda.

Hay también algo de centralismo supremacista, un arrebato moralizador por parte del poder central, que a veces necesita sentirse más poderoso cuando persigue y castiga los robos de gallinas en pueblos alejados e insignificantes, pero que ignora por conveniencia los grandes negocios oscuros de los que ejercen el poder en la ciudad de Salta.

En nuestra Provincia hay un enriquecimiento ilícito punible (el de los intendentes) y otro enriquecimiento ilícito no punible, con el que jueces, fiscales y tribunales conviven a diario pero con el que, al parecer, conviene no meterse.