Esta contradicción -que es más aparente que real- oculta sin embargo el problema fundamental: que la mayor capacidad económica se convierte rápidamente en un mecanismo de poder de unos sobre otros.
BOLDRIN piensa que la única forma de reducir la desigualdad que provoca la innovación es su imitación por parte de los excluidos del mercado. Pero en la medida en que las innovaciones sean más sofisticadas (más difíciles, por tanto, de imitar) los nuevos sujetos de poder tienen asegurada una posición de dominio preeminente, que generalmente viene reforzada por la protección legal (la atribución de la propiedad intelectual) al que llega primero, que impide al que intenta imitarlo que pueda competir.
Muchos piensan -incluso dentro del gobierno de Salta- que la solución a estos problemas se halla en la educación, convertida por algunos en la eterna «esperanza blanca» para apuntalar nuestro futuro.
Pero es bastante sabido -lo saben quienes ahora gobiernan- que los ajustes del sistema educativo, por mínimos que sean, no son fáciles de practicar y que generalmente pasa mucho tiempo entre su concreción y la evaluación de sus primeros resultados. La economía destruye empleo a una velocidad mucho mayor que la que puede desarrollar el sistema educativo a la hora de formar al capital humano.
En referencia a la combinación entre innovación tecnológica y protección legal, dice BOLDRIN que «estos mecanismos son cruciales en la generación de desigualdad y contribuyen a generar superriquezas, de manera mucho más rápida, con menos riesgos y menos inversiones en comparación con el pasado. Este fenómeno, sin embargo, se puede atacar a través de la política».
El papel de la política
Pero ¿cuáles son las respuestas políticas a un problema de semejante magnitud?Evidentemente, si la desigualdad que provoca la innovación se combate más o menos eficazmente con la imitación, el Estado debería ocuparse de allanar los obstáculos, legales y tecnológicos, que impiden a los desplazados del mercado volver a insertarse en él imitando las innovaciones firmadas por quienes los han excluido. Eso es lo primero.
Pero esto no es fácil, al menos para el gobierno de Salta, que, como se sabe, no tiene ninguna competencia en materia de legislación común (cedida por la Constitución al legislador federal) y no podría, por sí solo, reformar el actual régimen de patentes y de propiedad intelectual.
Aunque la educación no parece ser la salida (al menos una salida expeditiva), el gobierno provincial no puede dormirse en los laureles y seguir apostando a que nuestros estudiantes crezcan y maduren a la sombra de la inagotable gloria de Güemes. El enorme esfuerzo económico que en nuestros presupuestos públicos representa la impartición de la educación obligatoria a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, debería estar orientado a que nuestros estudiantes más jóvenes se acerquen más a los problemas del mundo que los rodea y menos al conocimiento del pasado. En breve síntesis: menos Güemes y más Elon Musk.
El gobierno de Salta hincha el pecho cuando estudiantes muy jóvenes participan en torneos de robótica y se destacan por su capacidad de utilizar las nuevas tecnologías. Pero, a mi modo de ver, se trata de brotes aislados de talento que, por un tiempo más bien breve, pueden espolear el vapuleado pero irreductible «orgullo salteño», pero no solucionar nuestros problemas de fondo.
A pesar de su aparente entusiasmo, el gobierno es incapaz de conectar entre sí estos esfuerzos aislados y más incapaz todavía de crear capital social a partir de ellos. Y si nos dejamos llevar por los razonamientos de BOLDRIN, podríamos decir que estos brotes inconexos de habilidades tecnológicas son la causa de nuestros males o un factor que puede contribuir a agravarlos.
A pesar de la fuerza del tradicionalismo inmovilista (nada más repárese en la capacidad de chantaje que tienen los gauchos para lograr que el gobierno les pague los gastos del desfile, incluido el asado), una parte importante de los habitantes de Salta está abierta a los cambios y es capaz de dialogar de igual a igual y en el mismo idioma con los espacios más desarrollados del planeta.
El problema no es, pues, nuestro encierro ni la parte del gasto público que se destina a subvencionar el perpetuo carnaval tradicionalista, sino el hecho de que quienes entre nosotros conocen y comprenden las tecnologías más avanzadas, son incapaces de usarlas con provecho social y a escala económica. Necesitamos que las innovaciones y los descubrimientos dejen de estar en las sombras de los laboratorios de sus creadores y que tomen forma concreta en aplicaciones y dispositivos (industriales, agrícolas, médicos, medioambientales, etc.) socialmente útiles; que favorezcan la igualdad y no profundicen la brecha que separa a los que más y menos tienen.
Mucho se ha hablado de un necesario cambio cultural, pero yo creo que lo que se necesita -y de forma más bien urgente- es cimentar y difundir una cultura del cambio.
Para ello, el gobierno debería abandonar sus políticas de subvenciones a festivales folklóricos y manifestaciones artísticas de mala calidad y convertir a la Secretaría de Cultura (por poner un ejemplo) en un gigantesco agregador de experiencias, que permita poner en contacto directo a aquellos salteños y salteñas empeñados en que el progreso no beneficie a unos pocos y que sus adelantos puedan aprovechar al conjunto, al tiempo que producen réditos económicos razonables para sus autores o descubridores.
Como he dicho ya unas cuantas veces, si queremos progresar y abrazar el futuro con optimismo, es necesario convertir al Estado en un gran inversor social. Los grandes desafíos que enfrentamos en las dos primeras décadas del siglo XXI deberían servirnos para advertir la necesidad de que el Estado abandone progresivamente su papel de corrector de las derivas del mercado y se ocupe de dar forma a la sociedad del futuro. Esta es una tarea que no solamente supone abocarse al incremento de nuestro capital humano (a través de mejoras en el sistema educativo), sino que también demanda la creación de laboratorios de investigación y experimentación en los campos científicos y tecnológicos más importantes.
Pienso que el gobierno tiene que poner en marcha políticas que busquen un equilibrio entre la socialización de los riesgos de la transición hacia el futuro y la privatización diferencial de los beneficios. Nada de esto ocurre ahora mismo.
Para alcanzar un objetivo como el propuesto, será necesario volver a diseñar nuestras instituciones desde sus cimientos y encontrar los incentivos apropiados para apuntalar su eficiencia a lo largo del tiempo. Entre los principios que deben presidir el rediseño institucional se deben incluir necesariamente las demandas de transparencia y control ciudadano, lo que hará necesario dotar a nuestro aparato estatal (a sus agentes y a sus procedimientos) de las capacidades y versatilidad que son necesarios para intervenir y regular, razonablemente, el comportamiento de los agentes privados y de los mercados.
A modo de conclusión
El que quiera ganar las elecciones que se van a celebrar en Salta en mayo del año que viene tendrá que demostrar que es capaz de soñar, pero de hacerlo con los dos pies sobre la tierra. Tanto el sueño del litio (por el momento, el segundo «polvo blanco» en importancia en la composición de nuestro PBG), como el de la «economía del conocimiento» se antojan poco realistas, en la medida en que los dos proyectos marchen hacia adelante sin el acompañamiento de medidas políticas adecuadas.Estas medidas deben incluir una redefinición profunda del papel del Estado que acabe con los gobiernos lentos y ausentes, que promueva la reducción de las desigualdades (sobre todo de las más injustas) y que al mismo tiempo convierta al aparato estatal en un agente esencial del cambio, en abierta concurrencia con el sector privado.
El gobierno debe pensar también en reestructurar los sistemas educativos para que sean capaces de formar a estudiantes mentalmente flexibles, y apostar más por una educación pública de calidad que por la subvención a colegios elitistas cuya operación puede ser perfectamente atendida con los recursos que aportan quienes de ellos se benefician.
El Estado debe hacer posible la conformación de ecosistemas público-privados capaces tanto de amplificar la necesaria sinergia entre tecnologías, productos, aplicaciones y mercados diversos, como de asegurar que los beneficios que de todos ellos se espera contribuyan al progreso armónico de la sociedad, para que nadie se quede atrás por el solo hecho de que otros hayan conseguido avanzar.
