Al menos es lo que se desprende del satisfecho comunicado de prensa de los fiscales que alardea de que, en solo siete días, la nueva UFLAG (a cargo de doña Carolina Mateo Bellini) ha logrado que el 93% de los asuntos sometidos a su conocimiento hayan obtenido ya una resolución judicial, con condenas prisiones preventivas y criterios de oportunidad.
Lo único que falta ya es que las audiencias de imputación se celebren en los mismos andurriales en los que se producen los apuñalamientos, cuando el cadáver todavía está caliente. Lograr la condena del perpetrador antes de que se proceda al entierro de la víctima es lo que jueces y fiscales llaman «una rápida respuesta del sistema penal».
La señora Mateo Bellini ha informado que, entre el 24 de junio pasado (fecha en que se inauguró la UFLAG) y el 1 de julio, se imprimió trámite a 41 causas iniciadas por aprehensión policial (lo que coloquialmente se conoce como «encanamiento»), con predominio (cuantitativo, imaginamos) de delitos contra la propiedad —robos y hurtos en sus distintas modalidades— y hechos vinculados a violencia de género, muchos de los cuales —sabemos— que no son delito.
Dice también Mateo Bellini que de las 41 causas tramitadas, 38 causas ya cuentan con resolución: 15 concluyeron con condena mediante juicio abreviado, 11 derivaron en la imposición de prisión preventiva, 8 se resolvieron con suspensión de juicio a prueba, 2 mediante criterio de oportunidad, una por conciliación y una con arresto domiciliario. Las 3 causas restantes permanecían pendientes para formalizar la investigación penal preparatoria. Todo un fracaso de la justicia «express».
La comunicación fiscal destaca también que «la creación de la Unidad de Flagrancia apunta a brindar una respuesta más rápida y eficaz frente a los delitos cometidos en situación de flagrancia, optimizando la coordinación entre fiscales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial». Rápida y eficaz, probablemente; ¿pero también justa y respetuosa del derecho de defensa de los reos?
Entre los 15 condenados y los 11 presos preventivos, nuestras cárceles probablemente han sumado 26 nuevos huéspedes en solo una semana. La cifra haría empalidecer a los gestores del Hogar de Noche, que han dado albergue a 65 personas durante dos meses.
A los fiscales y a los jueces no parece importarles en absoluto esta especie de inflación punitiva, que mantiene a nuestras cárceles al borde del colapso y a sus internos viviendo un castigo prohibido por la Constitución Nacional.
