Ayer se ha sabido que un concejal de la Municipalidad de Salta, que tira para el lado de La Libertad Avanza, denunció a un colega suyo, de otra extracción ideológica, por haberlo amenazado en un pasillo con «bajarle los dientes».
El concejal que denunció las amenazas es el señor Pablo López, mientras que el autoprometido «bajador dental» es el también concejal señor José García, quien parece que además llamó «gil» a López.
A pesar de la gravedad de la descalificación, todo parece indicar que el insulto de «gil» es bastante más suave que el de «loca», que la semana pasada dirigió la deslenguada diputada oficialista contra la señora Griselda Galleguillos.
Tanto López como Galleguillos han dicho que el asunto «no va a quedar así», y que van a llevar a los tribunales las amenazas; o, mejor dicho, a quienes las profirieron.
Mientras tanto, los jueces protestan -por el momento, en voz baja- por lo que entienden es una escalada de judicialización de asuntos que tranquilamente (o no tan tranquilamente) se podrían resolver en los mismos ámbitos en los que se producen.
Según parece, la gota que colmó el vaso fue la inesperada medida cautelar solicitada in extremis por el ya exadministrador del Mercado San Miguel, señor José Muratore, que creyó que con un simple y precario mandato judicial iba a resistir a las fuerzas del cielo y eternizarse en su cargo. Hoy, aquella medida cautelar ha sido dejada sin efecto por el mismo juez que la impuso, y el expediente de amparo prudentemente archivado por carencia sobrevenida de objeto.
La querella de Galleguillos, a la que en las próximas horas se puede sumar la de López, aumentará sin dudas el desasosiego judicial, porque, según lo que se está viendo, nadie en Salta está interesado en ganar una discusión en base a argumentos lógicos, sino imponiendo «sanciones» al contrincante, muchas veces en forma de perimetrales.
Hay tantas perimetrales ya en Salta, que el vicepresidente de la Corte de Justicia, padre fundador del faraónico datacenter judicial, está pensando en que sus desarrolladores se pongan a trabajar en una app (de momento, solo para Android) que muestre en un mapa, a tiempo real y contorneados de rojo, los miles los de cuadraditos que los ciudadanos no pueden invadir, so pena de incurrir en el sobredimensionado delito de desobediencia judicial.
Los expertos dudan sin embargo en el nombre de la futura aplicación. Algunos creen que el nombre salteño más adecuado es el de iT (pronunciado íte), y otros proponen APAB (acrónimo de «andá p'allá, bobo»). En cualquier de los dos casos, la app estará disponible en la tienda de Google Play una vez que el senador Romero llame a los jefazos de Mountain View y arregle algunos cabos sueltos de su derecho al honor.
Apple, por su parte, trabaja en una app para contar y clasificar dientes recogidos del piso, que espera vender como pan caliente, tanto en la calle Mitre al 500 como en la avenida Líbano al 900.
